López de Uralde "Ha sido muy triste contemplar cómo ha emergido el problema del lindano"

Juan López de Uralde

Juan López de Uralde, actual coportavoz federal de EQUO, era miembro de Greenpeace cuando en los años 80 comenzó a fraguarse la actual problemática en torno al lindano. A pesar de que la producción de dicha sustancia tóxica está prohibida por un convenio internacional de Naciones Unidas, López recuerda que en Rumanía y la India siguen existiendo plantas y que por cada 15 kilos de lindano producido se crean 85 kilogramos de residuos.

López recordaba ante los micrófonos de Radio Huesca cómo su denuncia en aquella época fue ignorada por parte de las autoridades políticas de Sabiñánigo hasta el punto de ser considerados como “personas non gratas” y de que una compañera fuera incluso agredida. En ese sentido reclama que esto sirva como una lección para el futuro.

Más allá de la problemática del lindano, el miembro de EQUO aseguraba que “las cuestiones relativas al medio ambiente quedan impunes y no tienen ningún tipo de repercusión política”. En ese sentido sentencia que contrariamente a lo que ocurre en otros países europeos, en España, “quien contamina no paga y quien destruye el medio ambiente se va de rositas”.

Apoyándose en dicho argumento, López de Uralde insiste que el propoito de EQUO es intentar denunciar constantemente este tipo de “delitos medioambientales” como los del lindano para elevar el nivel de preocupación y conciencia de la ciudadanía.

Petición de Equo:

- Identificación de los puntos de vertido y lixiviado (cuando el líquido es filtrado por un sólido y deja restos) de residuos de lindano al río Gállego.

- Aislamiento en todos los puntos de vertidos para evitar el contacto de los residuos con el agua.

- Monitorización continua de los residuos de lindano en el río Gállego, y cualquier otro cauce contaminado.

- Elaboración de un plan integral de descontaminación definitiva de todos los residuos acumulados en los diversos puntos de territorio.

Todo esto sólo puede llevarse a cabo con una buena coordinación entre todas las administraciones con competencias (Ayuntamiento, Gobierno de Aragón, Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio ambiente y UE) y una adecuada dotación presupuestaria.

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