La provincia de Huesca cuenta con casi 28.000 hectáreas de concentración parcelaria

82.597 hectáreas, repartidas entre 47.204 parcelas aportadas, de las que son propietarios 6.684 agricultores son las grandes cifras de Aragón, ya culminadas, de la concentración parcelaria en esta legislatura, uno de los aspectos más determinantes y prioritarios de la política desarrollada por la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Veintitrés zonas, en otras tantas poblaciones, han visto ultimado el proyecto de concentración a lo largo de esta legislatura. Huesca tiene 15 zonas, 27.768 hectáreas, 2.431 propietarios y 4.864 fincas de remplazo.

Esta línea de actuaciones está incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013 que prevé para este periodo una inversión pública de más de 60 millones de euros cofinanciados por el propio Gobierno de Aragón, Ministerio de Agricultura y el FEADER.

Luis Marruedo, director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, entiende que “la concentración parcelaria es una actividad fundamental en el proceso de mejora de las estructuras agrarias. Su objetivo es aumentar el tamaño medio de las parcelas mediante la agrupación de las propiedades rústicas de cultivo, con el fin de disminuir los costes de explotación y una utilización más racional de los medios de producción. Asimismo se consigue favorecer la implantación o mejora de determinadas infraestructuras, absolutamente imprescindibles para que el campo aragonés sea competitivo y, por tanto, atractivo para las futuras generaciones”.

Marruedo destaca también el aumento del valor de las propiedades y el hecho de que todo el proceso administrativo y registral sea completamente gratuito, además de la correspondiente mejora de las infraestructuras.

Las concentraciones parcelarias tienen un efecto importante en los términos en los que se realizan ya que implican una sustancial mejora en las redes viales, accesos a fincas y desagües. Así, en esta legislatura, la Dirección General de Desarrollo Rural ha concluido obras a través de la empresa pública aragonesa SARGA por un importe de casi 2 millones de euros, a las que hay que unir otros 330.000 en obras que ha llevado a cabo otra empresa pública, esta vez estatal, TRAGSA.

La disminución de los tiempos a la hora de desplazarse, la eliminación de parcelas que resultan económicamente inviables o la creación de una red de caminos, accesos y desagües son las principales ventajas. Un menor gasto que supone, lógicamente, una mayor rentabilidad en las explotaciones.

En estos momentos, la Dirección General de Desarrollo Rural, ejecuta 13 obras en otras tantas poblaciones de la Comunidad Autónomas, todas ellas ligadas a procesos de concentración parcelaria. Estas obras suman algo más de 14,4 millones de euros.

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