CHA denuncia que la DGA no tramita ayudas al pago de vivienda protegida

Esta formación política denuncia que desde 2013, no se abona a las familias que pagan sus viviendas de protección oficial la ayuda de subsidiación de la hipoteca, un porcentaje de las cuotas de amortización del préstamo, de entre 60 a 100 euros al mes, que en parte sirve para compensar que están pagando un interés del 3 %, por encima del mercado. Los beneficiarios de estas ayudas son ciudadanos que, por su situación económico-social, han cumplido unas condiciones establecidas en los planes de vivienda para poder optar a las mismas.

El problema surgió cuando las familias después de 5 años cobrando la subsidiación fueron a renovar el segundo periodo de ayudas por otros cinco años. El Ministerio de Fomento es el que abona la ayuda de subsidiación reconocida, pero corresponde al Gobierno de Aragón reconocer el cumplimiento de los requisitos que habilitan el acceso.

Recuerdan que 400 eran las familias oscenses hasta la entrada en vigor del Real Decreto 20/2012, el día 15 de julio, las que percibían la subsidiación de intereses en el préstamo, pero muchas ni siquiera solicitaron la prórroga de 5 años porque en principio el Gobierno de España intentó que la supresión de estas ayudas tuviera carácter retroactivo, algo que las sentencias judiciales, el Defensor del Pueblo o el Justicia de Aragón, han demostrado que era ilegal, obligando a reinterpretar el artículo 35 de ese RD, interpretación que ha tenido que asumir la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, con fecha 22 de agosto de 2014: “Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 hasta la entrada en vigor de la Ley 41/2013, de 4 de junio, debe entenderse que no estuvieron suprimidas las ayudas de subsidiación (es decir, que eran posibles nuevos reconocimientos y renovaciones de la ayuda) de préstamos convenidos en aplicación de los planes estatales de vivienda anteriores al Plan 2009-2012”.

Por ello la Defensora del Pueblo y el Justicia de Aragón han recomendado a las Comunidades Autónomas que revisen de oficio las resoluciones denegatorias que se produjeron hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2013 de 4 de junio, para garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con los planes de vivienda anteriores al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

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