Sociedad

AMFAR anuncia la creación de un ‘Grupo de Trabajo sobre Titularidad Compartida’

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, AMFAR, celebraba en Madrid su Junta Directiva Nacional encabezada por la presidenta, Lola Merino. A la jornada de trabajo asistían las máximas representantes de las delegaciones provinciales y regionales que AMFAR tiene en todo el territorio español para abordar el balance de los programas desarrollados a lo largo de este año, y diseñar las actuaciones previstas de cara al próximo 2015. En este sentido, Merino anunciaba que la Junta Directiva Nacional de AMFAR ha aprobado la creación de un Grupo de Trabajo sobre la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias Españolas con el objetivo de analizar las causas por las que esta figura legal no ha calado entre las mujeres del sector agrario español.

Merino explicaba que este Grupo de Trabajo nace fruto de los escasos resultados que ha alcanzado la ley, tras casi tres años desde su aprobación, lo que, en su opinión, evidencia que existen fallos importantes tanto en su planificación como en su aplicación que se deben conocer y por tanto, corregir.

El Grupo de Trabajo sobre Titularidad Compartida estará compuesto por 5 técnicas de AMFAR de las cinco comunidades autónomas donde el sector agrario cobra un mayor protagonismo (Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura y Aragón), así como por dos expertos en materia de fiscalidad y seguridad social agraria.

La presidenta de AMFAR manifestaba que sorprende comprobar cómo a fecha de 31 de julio de 2014, sólo 101 mujeres se habían dado de alta en régimen de Titularidad Compartidas de la Explotación Agraria en todo el territorio nacional. Las Comunidades Autónomas que registran mayor número de mujeres dadas de alta en este régimen son Castilla y León con 41; Castilla La Mancha con 15; 12 en Galicia; 10 en La Rioja y 7 en Cataluña. Son unos datos que no se corresponden con las regiones que se pueden denominar “más agrarias” atendiendo, por ejemplo, a las ayudas directas que se perciben de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

Así, encontramos que Andalucía, la comunidad autónoma que más ayudas percibe de la PAC, paradójicamente no tiene a ninguna mujer dada de alta como Titular Compartida. Esto ocurre porque la Consejería de Agricultura aún no ha puesto en marcha el “registro” que es obligatorio por parte de la Comunidad Autónoma para que las mujeres puedan acogerse a esta figura jurídica. A Andalucía le siguen, en ayudas directas de la PAC, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.

Merino aseguraba que su objetivo es clarificar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para darse de alta en esta figura jurídica, y encontrar soluciones que arrojen luz sobre una medida que tantos años de lucha y reivindicaciones les ha costado para visibilizar el trabajo de la mujer en el campo y lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades entre los profesionales del sector.

 
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