El Gobierno de Aragón dispone de 40 viviendas de alquiler social en Huesca

Que las personas que se encuentran en riesgo de sufrir un desahucio conozcan todas las herramientas institucionales disponibles para evitarlos antes de que se produzcan los lanzamientos. Con esta intención, la directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Belén Corcoy, se reunía este miércoles con la coordinadora Stop Desahucios de manera que puedan aunar esfuerzos y ayudar a minimizar los problemas de vivienda de los ciudadanos.

Tal y como sostenía Corcoy, algunos ejemplos de ello serían “las mediaciones gratuitas que se proporcionan a personas inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria como las ayudas a inquilinos que entre 2013 y 2014 hemos repartido un total de tres millones de euros que se van a completar el año que viene con cuatro millones setecientos mil euros destinados también a estas ayudas”. En ese sentido se habrían paralizado un total de 176 desahucios y a través del convenio con el Consejo General del Poder Judicial se habrían conseguido realojar a 36 personas, según indicaba Corcoy.

Sin olvidar la red de bolsas de alquiler social aportadas por particulares o entidades no lucrativas que ofrecen alquileres económicos a los ciudadanos en función de su renta, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación dispone de viviendas propias destinadas igualmente a alquileres sociales que cubren las mensualidades que algunos inquilinos no pueden pagar para evitar los desahucios. Así la DGA dispone de 355 viviendas, de las cuales 40 están alquiladas en Huesca. Además, otras 58 están cedidas a distintas entidades sociales para que desarrollen proyectos relacionados con la vivienda social.

En cuanto a las cifras, la renta máxima a abonar por el arrendatario es de 3 €/m2 útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social. Por su parte, el que cede la vivienda podrá cobrar un máximo de 4 euros/m2 de superficie útil, con un límite máximo mensual de 400 euros/m2. La diferencia entre lo que puede pagar el inquilino y lo que tiene derecho a cobrar el que cede la vivienda lo abona el Gobierno de Aragón.

Además, recordaba que los ciudadanos afectados pueden asistir a las Unidades de Gestión Social de la Vivienda habilitadas en las correspondientes Subdirecciones Generales de Vivienda las tres provincias, que ya han ofrecido asesoramiento y ayuda profesional a 413 familias.

Por otro lado, para permitir que los ciudadanos con dificultades para pagar su alquiler puedan seguir haciéndolo, anualmente el Ejecutivo autonómico convoca ayudas facilitando a los arrendatarios el cumplimiento de sus obligaciones y evitando en último término el desahucio. En las dos últimas convocatorias se han otorgado ayudas a cerca de 3.000 familias.