Oliván mantiene la idoneidad del proceso de integración del CASAR

Entre los asuntos del Pleno de la Cortes de Aragón de este jueves estaba la lectura única de la ley para la integración del CASAR en el SALUD, que se hará efectiva el 1 de enero. A pesar de las concentraciones de trabajadores, sindicatos y otros grupos en contra del procedimiento de esta integración, Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, subrayaba en Jaca que se está cumpliendo “dentro de la legalidad” con una demanda generalizada y que probablemente, “se han confundido derechos reales con expectativas” en cuanto a la situación de los trabajadores.

Antes de que comenzara la sesión plenaria de este jueves, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Marea Blanca, la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y el Foro de Presidentes de Consejos de Salud se concentraban delante de las Cortes de Aragón para entregar al Consejero de Sanidad un manifiesto solicitando una auditoría ciudadana de la deuda del CASAR. Otra docena de colectivos aparecen también como firmantes de este manifiesto, entre ellos, Podemos, IU o CHA. Sobre el mismo, Oliván se limitaba a apuntar que “la deuda del CASAR se ha traducido en servicio al paciente”.

En el manifiesto entregado al consejero, los grupos firmantes abogan por una gestión de los servicios de salud “totalmente pública, transparente y participativa” y por este motivo, las organizaciones firmantes exigen que se realice “una auditoría ciudadana de las cuentas y de la gestión realizada por los directivos y entidades que han formado parte del Consorcio Aragonés de Alta Resolución durante todos estos años, y que se señale a los responsables de la deuda y de la mala gestión, para que se les exija responsabilidades”.

Subrayan que están de acuerdo con la integración del CASAR en el Servicio Aragonés de Salud pero apuntan que “debe realizarse sin la asunción por parte de la sociedad aragonesa de cargas ilegítimas que no le corresponden”. En el manifiesto explican que, sin haber podido conocer las cuentas del CASAR desde sus inicios porque no tiene obligación legal de presentarlas, han calculado una deuda acumulada de unos 20 millones de euros a lo que habría que sumar la deuda del consorcio de Jaca en el periodo de 2002 a 2006.

Por otra parte, denuncian que se ha creado “una situación caótica con los trabajadores que tienen una vinculación con el consorcio, con variedad de fórmulas de contratación, sin haber valorado si en todos los casos se ha respetado los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y libre concurrencia”, según palabras textuales. Exigen que de la misma forma que han de respetarse los derechos de los trabajadores a la hora de su integración, “ésta no sirva de excusa para amortizar plazas de cualquiera de las categorías profesionales implicadas en el Servicio Aragonés de Salud”.