El sector educativo afronta el primer año de la Ley Wert. Los sindicatos prevén más recortes

Aunque todo dependa de los resultados electorales, pues la llegada del PSOE al Gobierno o quien sabe, la llegada de Podemos, podría cambiar la situación actual, los sindicatos educativos ven con pesimismo este 2015.

Tras más de 3 años de recortes, las perspectivas no son nada halagüeñas: los centros siguen pendientes de la temida tasa de reposición, que este año debería subir al 50%, y en los colegios e institutos del mundo rural el miedo es que la administración decida cerrarlos por no ser rentables. Y es que hace ya tiempo que los docentes y los padres denuncian que Educación se basa más en criterios económicos que en el servicio que prestan los centros del mundo rural para mantenerlos abiertos, recortar profesores o, finalmente, cerrarlos.

Este año hay dos cosas seguras en el mundo educativo: se implanta definitivamente la LOMCE pese a las críticas de toda la comunidad educativa de la escuela pública y parte de la concertada, y habrá oposiciones. A finales de octubre, la consejera anunciaba que este año que empieza habrá 175 plazas para Secundaria y Formación Profesional de 12 especialidades diferentes. Las pruebas tendrán lugar en junio y julio y está previsto que se convoquen a lo largo de este mes de enero.

También este año Educación podría probar un nuevo sistema para la escolarización en la ciudad de Huesca tras las críticas y problemas de los últimos años. Se anunció que empezarían a trabajar en ello en septiembre de 2014 pero nada se sabe de ello.

También este año habrá que estar pendientes del recurso de Educación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que dio la razón hace unos días a los padres del Pío XII anulando las órdenes de admisión de alumnos de los cursos 2011 y 2012. El TSJA condenaba al ejecutivo autónomo a fijar un número máximo de alumnos por aula con necesidades de apoyo específicas, en el fallo se explicaba que se había vulnerado el derecho de la igualdad de condiciones en el acceso a la enseñanza. Educación recurrió la sentencia al entender que se vulneraba el derecho de libre elección de centro y el criterio de proximidad.

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