El grupo de sociedades participadas por el Gobierno de Aragón se reduce a la mitad

El Plan de Reestructuración del sector público empresarial aragonés ha conseguido reducir el grupo de sociedades participadas por el Gobierno de Aragón de 103 a 53, la mitad de las que existían en noviembre de 2011, fecha en la que se puso en marcha dicho plan. El objetivo final es alcanzar las 35 sociedades en las que el ejecutivo posee al menos una pequeña participación.

A 31 de diciembre de 2014 ya se ha actuado en 50 de las 68 sociedades previstas, lo que supone un grado de cumplimiento del Plan del 73,5% al cierre del ejercicio.

Este porcentaje se eleva al 100% en el grupo de las sociedades mercantiles autonómicas (aquellas en las que la Corporación Empresarial Pública de Aragón posee la totalidad o mayoría de las acciones). Y es que ya se han llevado a cabo las 10 operaciones previstas en el Plan, pasando de contar con 28 empresas públicas autonómicas a 18.

El consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Mario Varea, ha insistido durante todo el proceso en que “se trata de un plan vivo, en continua revisión, lo que se ha traducido en la realización de operaciones inicialmente no previstas e, igualmente, ha sucedido a la inversa”.

Varea ha expuesto que la ejecución de la reestructuración encuentra diferentes grados de dificultad en función del grado de participación que la Corporación tiene en las diversas empresas. Es decir, en las sociedades en las que participa con otros socios, y la Corporación es minoritaria “no siempre se pueden alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno”.

Las actuaciones llevadas a cabo se han materializado mediante distintas fórmulas mercantiles, como la fusión, venta, liquidación, dilución de la participación, etc.

De manera paralela al Plan de Reestructuración empresarial, la Corporación ha emprendido otras medidas que afectan tanto a la sociedad de cabecera como a sus participadas, como la amortización de puestos directivos, rebajas salariales de altos cargos, variabilidad salarial en función de objetivos, reducción del gasto corriente y ahorro en alquileres.