Aplicación de la LOMCE en Secundaria y Bachillerato: Demandamos una moratoria

Claustro del I.E.S. “Pirámide”.

En los últimos cuarenta y cinco años, desde la puesta en marcha de la Ley General de Educación (1970) y hasta la implantación de la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), España ha conocido once leyes orgánicas en materia educativa. Esta última, la polémica LOMCE, ha sido aprobada exclusivamente con los votos del partido en el Gobierno, lo cual ni parece un modelo de consenso político, ni refleja la condición plural de la sociedad española.

Habiéndose establecido su implantación en Infantil y Primaria, así como en la nueva Formación Profesional Específica, para el presente curso 2014-15, los gobiernos de seis comunidades autónomas, pertenecientes a distintos partidos políticos, han mostrado distintas formas de resistencia frente a su entrada en vigor. Por otro lado, las comunidades que han optado por seguir el calendario oficial, también están sufriendo las consecuencias de su decisión.

Por lo pronto, el Decreto que regula el currículo básico de la ESO y el Bachillerato se hace público en enero del 2015, a tan solo ocho meses del comienzo del curso 2015 16, momento en el que se implantarían la LOMCE en 1º y 3º de la ESO, así como en 1º de Bachillerato.

En el actual contexto de año electoral, pareciera que tanto el Ministerio como la Consejería de Educación aragonesa tienen un especial interés en dejarlo todo “atado y bien atado”, ajustando al máximo los plazos para adecuar el Decreto al ámbito educativo aragonés.

La actual situación nos lleva a exigir por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón una moratoria en la implantación de la LOMCE en las etapas de Secundaria y Bachillerato, basándonos en la siguiente argumentación:

1º.- Aspectos básicos del sistema educativo en Aragón, relativos al currículum, la regulación académica y la organización de los centros no debieran regularse apresuradamente, sin dejar un margen de participación a los agentes políticos y sociales, y sin efectuar una reflexión pública sobre las principales disyuntivas que nuestra comunidad está afrontando, en el margen de actuación de sus competencias.

2º.- Vamos a sufrir una grave falta tiempo material para que la comunidad educativa asimile el Decreto del nuevo currículum de cara a la planificación del próximo curso. El problema no sólo es la incorporación por parte del profesorado de un cambio metodológico que afecta a planteamientos didácticos, contenidos, sistemas y procedimientos de evaluación, nuevas asignaturas y pruebas externas tipo “reválida”. La cuestión es cómo se informa de las nuevas disposiciones a las familias y al alumnado, de forma que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa respecto a su futuro educativo y laboral.

3º.- Estamos echando en falta una evaluación del proceso de implantación de la LOMCE en Infantil y Primaria y en Formación Profesional Básica, que está teniendo lugar durante el presente curso 2014-15 y sobre el que ya se tienen informaciones, de manera que podamos conocer su impacto educativo y organizativo, así como sus aciertos y errores.

4º.- La implantación coincide con un momento de crisis económica y recortes presupuestarios. Paradójicamente, la nueva ley llega en un momento en el que el porcentaje del PIB destinado a la educación es del 4,5%, cifra que nos retrotrae al año 1989. En relación a las economías domésticas, las familias tendrán que asumir precisamente en estos momentos un gasto significativo en la adquisición de nuevos libros y materiales didácticos que resultan económicamente costosos.

5º.- Finalmente, entendemos que la LOMCE no hace sino profundizar en uno de los peores aspectos de las últimas reformas, el de una burocratización de la tarea educativa que no redunda en la calidad de enseñanza, enfoque al que ahora se añade una proliferación de evaluaciones externas (las llamadas “reválidas”) que supondrá una “carrera de obstáculos” para el alumnado y una pérdida de autonomía en la labor docente, que se verá sujeta a unos indicadores externos, descontextualizados del trabajo en el aula.

Por todas estas razones, y en la línea de otros institutos de secundaria de nuestro entorno y de diversos colectivos sociales de diversa índole, el claustro de profesorado del I.E.S. “Pirámide” exige a las autoridades educativas con competencias una moratoria que permita un debate público sobre el futuro de nuestra educación, así como una reflexión colectiva sobre la dirección que está tomando la presente reforma educativa.