El Juez contempla ahora la posibilidad de imputar a Vitorino Alonso un delito contra el medio ambiente

Al final, la tesis que mantenían Ecologistas en Acción en el caso de la Cueva de Chaves, han sido aceptadas por el Juez Instructor y abre la posibilidad a que Vitorino Alonso no solo responda por un posible delito contra el patrimonio, sino que también lo haga por un segundo delito contra el medio ambiente. Así mismo, el juez acepta que la responsabilidad civil pueda recaer en dos empresas de Alonso, Fimbas y Ferpi. De esta forma, el empresario minero podría enfrentarse a una pena de hasta seis años de prisión y una indemnización de 51 millones de euros, que es la petición que realizará Ecologistas en Acción, una de las acusaciones,

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca abre juicio oral contra Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y le impone una fianza de 66,2 millones de euros para asegurar las posibles responsabilidades.

En su auto de apertura de juicio oral, el instructor posibilita reclamar una indemnización máxima en concepto de responsabilidad civil por los daños causados de 50,9 millones de euros.

Otro asunto a destacar es que el juez incluye en el auto la incorporación de la sociedad Fimbas, que gestionaba el coto de caza vallado donde se ubica el yacimiento, y de las empresa Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron su destrucción, como responsables civiles subsidiarios, algo que habían solicitado todas las acusaciones, con el objetivo de que Alonso no se declarara insolvente en caso de una indemnización millonaria.

Recordemos que la fiscalía solicita para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión y reclama una indemnización de 14,3 millones.

Sin embargo, Ecologistas en Acción solicita dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsables de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente. En total, seis años de cárcel. En el capítulo de indemnizaciones llega al tope fijado por el juez, 50,9 millones de euros, que es la cantidad económica que consta en el primer informe que realizó el fallecido director del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama para el empresario 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros.

La representación legal del Gobierno aragonés se postula únicamente como "actor civil" y reclama el pago de la indemnización de 50,9 millones referida, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.

Ahora el caso pasará a uno de los dos juzgados de lo penal de Huesca, que será el que fije la fecha de la vista.