UAGA pide a los partidos que apuesten por un estatuto de la agricultura social y profesional

El sindicato agrario UAGA ha considerado necesario que el sector agrario se incorpore a la agenda política como elemento estratégico. Creen que los hombres y mujeres del campo no pueden permanecer al margen de estos procesos electorales y considera que han de estar presentes en los programas de todos los partidos políticos y en el debate electoral. UAGA defiende el Modelo Social y Profesional de Agricultura, basado en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directa y personalmente en sus explotaciones y viven de su actividad, con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para la población. Una característica esencial de este modelo es que genera empleo y economía real en el medio rural. El modelo social y profesional de agricultura es la base de la alimentación, además de contribuir decisivamente a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como a la gestión y ordenación del territorio.

UAGA cree imprescindible la renovación de la actual Ley 19/95 a través del Estatuto de la agricultura social y profesional, que debe incluir los siguientes elementos:

Caracterización y priorización del modelo de agricultura social y profesional, a través de la evolución y actualización de la explotación prioritaria y el agricultor profesional.

Caracterización y valoración de los “bienes públicos” que el modelo de agricultura social y profesional ofrece a la sociedad. Desarrollo del Contrato Territorial de Explotación.

Promoción y mejora de la formación y la innovación en las explotaciones agrarias.

Promoción de la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones agrarias.

Reconocimiento del papel de la explotación agraria en el marco de la cadena alimentaria. Diseño de un marco de colaboración en el seno de la cadena alimentaria con funciones y derechos de los distintos eslabones. Ello debe proporcionar la adecuada seguridad jurídica.

Creación de la figura societaria adaptada a la explotación social y profesional.

Acceso a la tierra.

Beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones, incremento de dimensión, transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, instalación de nuevos agricultores, arrendamientos de tierras, inversiones en innovación, etc.

Obligaciones y derechos de la explotación agraria y de su titular.

Registros de explotaciones agrarias.

Marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la actividad agraria.

Regulación de la transformación y la venta directa por parte de las explotaciones agrarias.

El sindicato UAGA asegura que las explotaciones agrarias están atrapadas en la llamada “tijera” de precios/coste, con unos precios en origen estabilizados o a la baja y unos costes cuya tendencia es siempre creciente. Muchas de ellas sufren descapitalización y altos niveles de endeudamiento. En contrapartida muchas explotaciones y agricultores han desaparecido durante este período. También se están viviendo importantes cambios en la cadena agroalimentaria. El agricultor se enfrenta a una pérdida de capacidad de decisión empresarial sin haber fortalecido previamente su estructura organizativa, estando sometido a una posición dominante de la industria y sobre todo, de la distribución.

En estos momentos también se está viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción masiva de las nuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). Será la próxima revolución verde y cambiará de forma radical la forma de trabajar y producir. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y hay dos aspectos críticos: el relevo generacional y la formación.

Por último, la estructura administrativa del Estado Español que otorga la competencia en materia de agricultura y ganadería a las CC.AA., se ha desarrollado de forma amplia en los últimos años a través del diseño de programas de desarrollo rural autonómicos, desapareciendo los programas plurirregionales. Este hecho hace que el Gobierno Central deba concentrar su esfuerzo en la elaboración de principios y criterios generales de actuación que preserven la igualdad de trato y oportunidades y la competencia leal.