Los alcaldes de los pueblos afectados por el pantano de Biscarrués piden dimisiones

Tras darse a conocer el informe de la Unión Europea sobre el embalse de Biscarrués, los alcaldes de los municipios afectados exigen dimisiones. Piden que se deje de malgastar dinero público y exigen responsabilidades, tanto en el Ministerio como en la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El informe, explican, ratifica todas las alegaciones presentadas por los ayuntamientos y los grupos ecologistas y desacredita el trabajo realizado por la empresa redactora del proyecto de construcción. Lamentan, además, que ha habido ocultación de información y es que el mencionado texto les ha llegado de forma “extra oficial”.

Recientemente, llegaban al ayuntamiento de Santa Eulalia y a varios particulares las peticiones de permiso para hacer los sondeos de los terrenos, un permiso que ha sido denegado a la empresa Accuaes por el propio consistorio basándose en las alegaciones y recursos pendientes de la justicia. Aunque cada particular es libre de elegir, el ayuntamiento emitirá un bando informando a los vecinos de su decisión.

Creen que el estudio de los terrenos debería haberse hecho antes de la redacción del proyecto y temen que vaya a producirse “otro Yesa”, ya que hay más de 30 zonas declaradas como deslizamientos peligrosos.

Aseguran que son ya 30 años de “chapuzas” y de dinero malgastado, por ello, piden que no se siga invirtiendo en un proyecto erróneo y más cuando el problema del lindano no está solucionado. Cada vez que hay un episodio de tormentas los niveles suben y creen que ese dinero debería invertirse en descontaminar y limpiar el río y los focos de contaminación.

Aseguran que la redacción del nuevo proyecto no soluciona el problema de la Declaración de Impacto Ambiental ya que ésta pone unos condicionantes que no permiten crear el pantano.

Entre las consecuencias de este informe, explican, va a haber una sanción por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y esperan que la paralización del proyecto. Creen que esto es lo sensato para dejar de malgastar dinero público y más cuando están pendientes de la resolución, en unos meses, de la Audiencia Nacional del contencioso administrativo que tienen abierto.

Su oposición va a seguir siendo firme y contundente, ahora, además, amparada por la Comisión Europea. Exigen que tanto políticos como técnicos asuman su responsabilidad.