Aragón recibirá el próximo año 153 millones de financiación adicional

El próximo año se incrementará un 5% la transferencia del Estado a Aragón, cuya cantidad asciende a 153 millones adicionales netos. Estos recursos permitirán paliar en parte el fuerte déficit que, en general, arrastran las Comunidades Autónomas al soportar el coste de los principales servicios públicos para los ciudadanos, -como Sanidad, Educación y Servicios Sociales-.

Este aumento de la financiación autonómica será posible gracias al crecimiento económico experimentado en 2014 y el consiguiente crecimiento de la recaudación en tributos compartidos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como el IVA y el IRPF.

Así como en la liquidación de 2013 Aragón tenía que devolver 35 millones de euros percibidos de más en los anticipos a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), en el año siguiente la liquidación demuestra que las previsiones se quedaron cortas y la recaudación fue mejor de lo esperado por la actividad económica y a la Comunidad le corresponden 174 millones más, que se quedarán en 153 netos una vez hechos los ajustes.  

Sin embargo, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, recalcaba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, - del que ha salido elegido vicepresidente-, que este incremento, procedente de la liquidación de 2014 y anteriores, no basta para resolver los problemas de las arcas autonómicas, con un desfase actual de más de 550 millones de euros, de los que 351 corresponden a Sanidad.

En dicho organismo, no fueron tomados en consideración planteamientos del consejero aragonés de adelantar dos años la liquidación completa de los anticipos a cuenta de la PIE  -que se limitan al 98% de las previsiones y demoran este tiempo el 2% restante- y de los Fondos de Convergencia Autonómica (Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación), lo que en conjunto habría proporcionado a la Comunidad 100 millones de euros este mismo año.  

Este incremento de la financiación autonómica permitirá paliar los problemas financieros de la Comunidad aragonesa, aunque distará todavía mucho de resolverlos. La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) -organismo encargado de velar por la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas-, advirtió recientemente del “riesgo de incumplimiento” del objetivo de déficit para este año, del 0,7% del PIB, con un límite de desfase entre ingresos y gastos fijado inicialmente en 240 millones de euros. 

Este límite, no obstante, se va a flexibilizar en cierto sentido. El Gobierno central aceptó que las Comunidades Autónomas demoren hasta el próximo otoño la presentación de sus planes económico-financieros para corregir las actuales desviaciones de los objetivos de déficit, estabilidad presupuestaria o morosidad en el plazo de tres años. La AIREF había respaldado previamente este planteamiento, dado que los gobiernos autonómicos salidos de las elecciones del pasado 24 de mayo acaban de constituirse, necesitan tiempo para conocer detalladamente su situación y en este momento desconocen todavía los ingresos con los que van a poder contar. 

Fernando Gimeno insistió a la salida del pleno en su compromiso de que "a partir de 2016 estaremos en disposición de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria" con los planes económicos financieros que se presentarán desde octubre con un horizonte de tres años.

Como era previsible, tanto Aragón como la mayoría de las Comunidades Autónomas votaron de nuevo en contra de la distribución que impuso el Ministerio de Hacienda de los objetivos de déficit, endeudamiento y regla de gasto de las administraciones públicas, igual que rechazaron las cifras globales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 8 de julio, sin poder impedir, sin embargo, su aprobación dada la mayoría de representantes de la Administración de Estado.

En este punto, el consejero aragonés se alineó con la mayoría de las Comunidades, que reclamaban revisar el reparto desigual del déficit entre las administraciones central y  autonómica, así como la propia distribución entre éstas de forma que se adapte a las necesidades y la situación específica de cada una. Sin embargo, el Gobierno impuso su mayoría para desoír estos planteamientos e igualmente mantuvo de forma homogénea el estrecho objetivo del 0,3% del déficit para el próximo año, sin atender la demanda de las autonomías.

Una reclamación añadida de Aragón, desatendida igualmente a pesar de ser compartida por muchas otras Comunidades, fue la compensación por las pérdidas que originen las rebajas fiscales impuestas por el Estado, atendiendo al principio de lealtad institucional que rige entre todas las administraciones, si bien Aragón tiene además este derecho expresamente reconocido en su Estatuto de Autonomía. Gimeno hizo especial hincapié en que la supresión del impuesto de Patrimonio a partir del 1 de enero de 2016 acarreará que la Comunidad deje de recaudar por este concepto 28 millones de euros al año. 

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