Cambiar Alcolea presenta una moción para reprobar la "Ley Mordaza"

raquel segarra

En caso de aprobarse el Ayuntamiento de Alcolea de Cinca reprobaría el texto de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, por considerar que tiene como finalidad “restringir de manera arbitraria el derecho de manifestación pacífica de las reivindicaciones de los ciudadanos, pone en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, vulnera los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica e invade competencias de otras administraciones del Estado. La moción presentada por Cambiar se debatirá en la siguiente sesión de pleno del Ayuntamiento.

La portavoz de Cambiar Alcolea, en el Ayuntamiento, Raquel Sagarra, señalaba que “El pasado 1 de julio entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”. Una Ley que ha contado con el rechazo mayoritario de la mayoría de organizaciones políticas, las cuales han recurrido la Ley al Tribunal Constitucional. Igualmente la Ley ha contado con el rechazo de importantes organizaciones sociales, incluyendo también a organizaciones de calado internacional como Greenpeace o Amnistía Internacional”. A juicio de Cambiar “hay serias afecciones a derechos esenciales y entre algunas de las cosas que intenta evitar esta normativa está: manifestarse junto al Congreso, Senado y Parlamentos Autonómicos, fotografiar y grabar actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, actuar en actos cívicos como la paralización de desahucios, realizar protestas sin autorización desde la altura de edificaciones o monumentos y evitar las manifestaciones pacíficas como las sentadas en la vía pública. Además y por si fuera poco, existe una importante arbitrariedad en la catalogación de la tipología de las sanciones, lo que repercute en que puedas ser sancionado con una horquilla económica claramente intimidatoria, que va entre los 100 y los 600.000 euros”

Dicha portavoz, advertía que “las consecuencias del texto legal aprobado, es que se invierte el sentido de la democracia, por cuanto la democracia es expresión en libertad, mientras la seguridad ciudadana debe ser protección de derechos y libertades públicas y nunca una restricción de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con la promoción de una vida digna, con la eliminación de las desigualdades sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención y no en el castigo, en la defensa de los derechos de la mayoría social y no en los de una minoría selecta de ciudadanos que aspiran a controlar la acción política para poner a salvo sus intereses particulares”

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