Las entidades sociales conocen el avance de la nueva Renta Básica, una "prioridad" para el Gobierno

El compromiso electoral de una nueva Ley de Renta Básica ha dado unos de sus primeros pasos con la presentación, por parte del presidente del Gobierno, Javier Lambán y la consejera de Derechos sociales, María Victoria Broto, de un primer documento sobre el contenido de la Ley. Representantes de más de cuarenta entidades sociales e instituciones (incluida la Universidad de Zaragoza, colegios profesionales y empresarios) han asistido a esta reunión. Lambán no ha concretado presupuesto para el 2016, pero sí asegura que serán una prioridad “aunque sea a costa de retrasar otros proyectos que pueden esperar”. Tampoco está cuantificado el número de posibles beneficiarios.

Esta Renta Básica, sustituiría al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y a la Ayuda de Integración Familiar (IAF), “unos modelos que han quedado obsoletos”. El objetivo final es concretar el acceso a un nuevo derecho básico, subjetivo y de ciudadanía, que garantice, por un lado, una cuantía mínima con la que las familias puedan cubrir sus necesidades, y, por otro, la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que apoyen la integración social de las personas que así lo precisen.

PROCESO PARTICIPATIVO

A partir de este momento, los colectivos implicados participarán en grupos de trabajo o talleres donde presentarán sus aportaciones, que serán debatidas y podrán ser incluidas en el documento final. La intención es que el proyecto de ley pueda ser llevado a las Cortes para finales de año y que este pueda ser aprobado de forma urgente.

DOS MODELOS DE RENTA BÁSICA

Según la propuesta del Gobierno de Aragón la Renta Básica tendría dos modelos: complemento económico o ingreso mínimo. El primero sería para aquellas unidades de vivencia que tengan algún tipo de ingresos pero que estos sean inferiores al importe de la renta básica.

El ingreso mínimo sería para las unidades de convivencia en situación de riesgo y/o exclusión social que no dispongan de recursos suficientes para atender sus necesidades básicas. Este ingreso mínimo tendría dos fórmulas de las que se derivarían cuantías diferentes: una renta vital (para aquellos que decidan no participar en un proceso de inclusión) y una renta de inclusión (para los que sí decidan participar).

También cambian los requisitos que serían necesarios para poder solicitar estas ayudas. Por ejemplo, se tendrá una consideración especial a las mujeres víctimas de violencia de género y se considerará la existencia de dos o más unidades de convivencia dentro de un mismo domicilio.

Los solicitantes deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en Aragón con un año de antelación o cinco años continuados durante los diez anteriores. Asimismo, deberían ser mayores de 18 años y menores de 65. También podrían pedir esta ayuda aquellos menores de 18 años emancipados o que tengan menores a su cargo.

La prestación se limitará a dos años en cualquiera de sus modalidades, con la posibilidad de sucesivas prórrogas bienales si se mantienen las causas que motivaron la concesión.

Las desigualdades “incrementadas por el PP” –según Lambán- “son algo inaceptable desde el punto de vista moral e ineficiente desde el punto de vista económico, además de ser el disolvente más peligroso para la salud de la propia democracia”.

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