Aragón destinará la refinanciación autorizada de 211 millones a la Universidad y a pagos de tesorería

El Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad Autónoma a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 211 millones de euros, que podrán amparar créditos formalizados hasta el 31 de diciembre de este año. La renovación de las cuentas de crédito afecta tanto a la Administración General como al sector público de la Comunidad. En concreto al sector público se destinarán 19 millones de euros, en su mayor parte para la Universidad de Zaragoza.

Las operaciones de refinanciación a corto plazo autorizadas ayer no tienen un destino finalista, pero contribuirán a aliviar determinadas tensiones de tesorería tanto en la Administración General como en el sector público de la Comunidad y particularmente en la Universidad de Zaragoza.

En la institución académica, la noticia fue acogida como “un balón de oxígeno” ya que había solicitado una autorización precisamente para afrontar la póliza de un préstamo por importe de 10 millones de euros. Aunque este importe alcanza poco más que para pagar la nómina de un mes, la refinanciación autorizada ayer permitirá resolver tensiones de tesorería y pagar a algunos proveedores de servicios indispensables para el funcionamiento de los distintos centros universitarios.

Estas operaciones de renovación de créditos con diversas entidades bancarias -que también se aprobaron para Castilla-La Mancha por un importe de 50 millones de euros-, no supondrán un aumento del endeudamiento al final del ejercicio, al tratarse de una refinanciación de préstamos ya existentes que no será atendida con el compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación de a Comunidades Autónomas.

Ambas Comunidades Autónomas deberán supeditar las operaciones de endeudamiento al cumplimiento del objetivo de deuda pública fijado por el acuerdo del 12 de septiembre de 2014 para el año 2015: 32,4 % del PIB regional para Castilla-La Mancha y 18 % del PIB regional para Aragón, según precisa la referencia oficial del Consejo de Ministros.

La necesidad de autorización deriva del artículo 20 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que señala que todas las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento y no tengan aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera un plan económico-financiero, en cuyo caso pueden endeudarse a corto plazo sin autorización estatal.

Aragón incumplió el objetivo de estabilidad y deuda pública en 2014 y aunque tiene muy avanzado el citado plan económico-financiero, todavía se ha de aprobar en un Consejo de Política Fiscal y Financiera pendiente de convocar, por lo que, a pesar de tratarse de deuda a corto plazo, precisa de autorización. En el ejercicio de esta autorización deberá respetarse el principio de prudencia financiera.

Estas operaciones son ajenas a la refinanciación de hasta 238 millones de euros de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) que aprobó también el Gobierno central y a la que dieron después luz verde, mediante una ley específica, las Cortes de Aragón, aunque también contribuye a proporcionar liquidez a las arcas de la Comunidad, al igual que el reciente acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda para inyectar 270 millones de euros destinados al pago a proveedores.

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