El déficit de la Comunidad ascenderá a final de año a 690 millones de euros, el 2,01% del PIB

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha presentado el ‘Informe sobre la Situación Económico-Financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón a 31 de agosto de 2015’ elaborado por la Intervención General. Este informe, encargado en su día en atención a uno de los acuerdos de investidura con Podemos, anticipa un déficit después de ajustes de 690 millones de euros a final del presente ejercicio, lo que representa un 2,01% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad. Esta previsión casi triplica el límite del 0,7% de déficit establecido para este año con carácter general por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano de coordinación entre el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas), en aplicación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

La diferencia directa entre ingresos y gastos da un saldo negativo de 700 millones de euros, si bien Intervención prevé que esta cantidad se reduzca en 10 millones a fin de año al computar diversos ajustes; entre otros, por recaudación incierta, sistema de financiación, cuenta 409, aportaciones de capital, resto de entidades o intereses devengados.

La interventora estima que el capítulo primero, de gastos de personal, tendrá una ejecución superior al 100% una vez realizadas las correspondientes modificaciones presupuestarias en Educación y Salud, necesarias para cubrir la totalidad del gasto.

El cálculo del déficit se ciñe a la Administración de la Comunidad, sus organismos autónomos y entidades de derecho público, excluidos el Instituto Aragonés de Fomento, el Instituto Tecnológico de Aragón y las sociedades mercantiles, fundaciones y otras entidades que, en su mayoría, están sometidos al Plan General de Contabilidad de la Empresa y, por lo tanto, no se integran en el Sistema de Información Contable Corporativo SERPA, cuya base es el Plan de Contabilidad Pública.

Pero el problema real de las arcas autonómicas es aún mayor. El informe firmado por la interventora general, Ana Gómez, el pasado 5 de octubre, detalla en sucesivos apartados los ingresos deficitarios (sobredimensionados) procedentes de tributos y de otras fuentes, que ascenderán a final de este año a unos 173 millones de euros. Estima que faltan por consignar numerosas partidas presupuestarias, cuyo importe total ascendería a 620 millones de euros, de los que el Salud acapara por sí solo 426 millones.

Asimismo, figuran otras insuficiencias de gastos que no aparecen en el presupuesto y ni siquiera en la contabilidad, pero a los que también habrá que hacer frente, por valor de 127 millones de euros, entre el convenio del tranvía con el Ayuntamiento de Zaragoza, el convenio de financiación con la Universidad de Zaragoza, la estación del AVE de Plaza y la autopista autonómica.

Aunque no figura expresamente, la suma de todos estos conceptos de insuficiencias refleja un desfase total de 920 millones a 31 de agosto, que todavía podría aumentar a final de año.

Desglose de gastos sin consignación

De este desfase total, la falta de consignación presupuestaria de 620 millones viene desglosada en diversas partidas a lo largo del informe. Señala que en Educación se considera que faltará una cobertura presupuestaria de 62,4 millones de euros para abonar la nómina a todo el personal docente. Igualmente en el Salud faltarán 86,2 millones para los gastos de personal. En el capítulo II, de gastos corrientes, faltarán 8,9 millones de euros en Educación y 340,2 en el Salud.

Asimismo, en transferencias corrientes se prevé que una insuficiencia presupuestaria de 15 millones de euros para la nómina de la enseñanza concertada, de 85,2 millones para cubrir el gasto farmacéutico y de 1 millón para abonar al Colegio de abogados de Aragón sus servicios por asistencia jurídica gratuita.

Y finalmente, 16 millones para las solicitudes pendientes de autorizar para las ayudas a la Dependencia, 1,5 millones para prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y 3,4 millones para hacer frente a la medida cautelar impuesta con carácter firme al Gobierno de Aragón a raíz del contencioso interpuesto por la Universidad de Zaragoza para reclamar 53 millones de euros vinculados al acuerdo de financiación suscrito en 2011.

6.657 millones de deuda, el doble que hace cuatro años

Otro de los puntos en que incide el informe es el endeudamiento, segunda ratio de la estabilidad presupuestaria. A este respecto señala que la deuda viva de la Comunidad ascendía el 31 de agosto a 6.657,68 millones de euros (como avanzó en su momento el Banco de España).

Este nivel de endeudamiento duplica prácticamente el existente hace justo cuatro años, cuando otro informe similar encargado por el anterior Ejecutivo y presentado públicamente el 17 de octubre cifraba la deuda existente entonces en 3.332 millones de euros.

Además del endeudamiento y el déficit, el análisis de la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma realizado por la interventora general, se articula en torno al estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de 2015, las dotaciones presupuestarias insuficientes para hacer frente a las previsiones de gasto de este año, los compromisos de gastos futuros (programas plurianuales en marcha), así como el estado de la morosidad; tercero de los parámetros básicos de la estabilidad presupuestaria.

120 millones menos de ingresos en Tributos Cedidos

Como explica la interventora, el 97,4% de los ingresos se contabilizan en la Administración general de la Comunidad, y el mayor volumen es el que forman los integrados en el Sistema de Financiación Autonómica: entregas a cuenta por la participación en los Tributos del Estado (IVA, IRPF e Impuestos Especiales) y los Fondos de Suficiencia y Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. En 2015, la financiación por estos conceptos asciende a 2.987 millones de euros.

Otra parte importante de ingresos proviene de los Tributos Cedidos (Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados -AJD-, Sucesiones y Donaciones, entre otros) y en menor medida por los Tributos Propios (sobre emisiones contaminantes o sobre grandes superficies). En este apartado, la ejecución “está siendo algo irregular”, apunta el informe, y explica que los derechos contabilizados por Sucesiones y Donaciones han caído respecto a los del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, los de Transmisiones y AJD presentan una variación positiva.

En todo caso, advierte que “de continuar la tendencia actual, no será fácil que se alcancen las previsiones de ingresos presupuestadas en estos conceptos”, y añade que “la diferencia entre previsiones y derechos reconocidos, es decir, la inejecución de ingresos por tributos cedidos, se estima en cerca de 120 millones de euros”. Una cifra a efectos contables que, según ha puntualizado el consejero, se incrementa hasta 157 millones en términos de caja.

Modificaciones y retenciones de gastos

En cuanto a los gastos, el informe recuerda la ampliación de crédito de 275 millones que hubo que hacer con cargo al Fondo de Facilidad Financiera del Estado para imputar al SALUD obligaciones del ejercicio anterior pendientes de pago, así como la primera de las órdenes de retención de créditos, por importe de 59,32 millones de euros, que se aprobó el 29 de julio (y que junto a una segunda más reciente suma 176, 5 millones de euros que anticipan las próximas modificaciones para afrontar los pagos sin consignación en el Presupuesto en vigor, en particular las nóminas de Sanidad y Educación así como el IAI o la Dependencia).

Necesidad de dotación adicional para nóminas

Tras detallar las dotaciones presupuestarias insuficientes para cubrir las obligaciones necesarias hasta fin de año, la interventora señala respecto al capítulo de personal, el más abultado, que “los porcentajes de ejecución de la Administración y del organismo autónomo SALUD son los más altos, situándose por encima del 70%, lo que indica que con total seguridad van a necesitar crédito adicional para poder acabar el año”.

“La suma de ambas nóminas representa el 93% del total de los gastos de personal, por lo que con su análisis se cubre casi la totalidad del crédito inicial”, añade. En cambio, apunta que “en el resto de entidades no parece que se vayan a producir problemas por falta de presupuesto, y, en el caso de que se produzcan, su volumen no será significativo en relación con el total de gasto de este capítulo”.

Más de 850 millones comprometidos este año

Respecto a los gastos plurianuales, el informe resalta que “este año ya existen contabilizados compromisos adquiridos por importe de 857,5 millones de euros”, cifra que se va incrementando en los sucesivos ejercicios (937,9 millones en 2016, 1.011 en 2017, 1.152 en 2019 o 2.163 en 2020).

El mayor volumen de gasto comprometido se sitúa en los gastos financieros, apunta el informe. Y explica que los gastos derivados del endeudamiento suponen compromisos por importe de 331 millones de euros para la amortización del capital y 174 destinados al pago de intereses (capítulos 9 y 3 del presupuesto, respectivamente).

86 días para pagar a los proveedores

En cuanto a la morosidad -índice en cuyo cálculo intervienen las deudas comerciales de la totalidad de organismos públicos, sociedades mercantiles y otras entidades de derecho público- el informe de Intervención refleja que a 31 de agosto el plazo medio de pago a proveedores había ascendido a 86,41 días, cuando el límite está establecido en 60.

En vías de solución

El consejero de Hacienda ha explicado estos y otros aspectos del informe, que cuenta con varios anexos, y ha recalcado que “desde el minuto cero” el Gobierno presidido por Javier Lambán está trabajando para corregir los graves problemas que encontró a su llegada al poder. En este sentido, Fernando Gimeno ha recordado que recientemente se aprobó en las Cortes una refinanciación de hasta 238 millones de euros autorizada por el Ministerio de Hacienda para sanear y relanzar todo el sector público empresarial de la Comunidad. También las órdenes de retención de gastos que preceden a las inminentes modificaciones presupuestarias no para nuevos recortes, sino para afrontar gastos tan elementales como el pago de las nóminas del personal sanitario y educativo, el IAI o las ayudas a la Dependencia.

En la ‘hoja de ruta’ marcada desde el principio también se ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para liquidar de aquí a fin de año los pagos pendientes a proveedores y se ha remitido al equipo ministerial el Plan Económico-Financiero que se espera que apruebe el CPFF a finales de este mes y que marcará la confección final del Presupuesto de la Comunidad para 2016, cuya elaboración también se ha ordenado ya.

Asimismo, Gimeno ha apuntado una vez más que, dada la imposibilidad material y el expreso rechazo del Gobierno a nuevos recortes de gasto perjudiciales para la sociedad en conjunto, no queda más remedio que afrontar un aumento de los ingresos mediante una serie de medidas tributarias que se trasladarán próximamente a las Cortes de Aragón mediante una ley con la que no se incrementará la presión fiscal sobre las clases medias y bajas ni se perjudicará a sectores bastante castigados ya por la prolongada crisis económica, cuya incipiente salida en términos macroeconómicos todavía aparece lejana para los ciudadanos.