El porcino, un sector en el que la provincia de Huesca es una potencia en España

La provincia de Huesca es la segunda en España, tras Lérida, en cuanto a actividad del sector del porcino en Aragón, con casi 2.000 explotaciones entre las de cerdos de cebo y cerdas madres, sumando más de 2,7 millones de animales. Hay que recordar que la Unión Europea es la segunda productora de cerdo, con el 22,3% de la producción mundial. En España, en la actualidad, se sacrifican alrededor de 42 millones de cerdos. Hay cinco comunidades autónomas que concentran las tres cuartas partes del censo español: Cataluña, Aragón, Castilla y León, Andalucía y Murcia.

La producción de carne ha aumentado un 25% en la última década, ligada al aumento de censos y de la productividad.

En la provincia de Huesca han 1.627 explotaciones de cerdos de cebo, y 355 explotaciones de cerdas madres. En el primero de los casos, el censo de cerdos es superior a los 2,6 millones de animales, mientras que en las explotaciones de cerdas madres hay algo más de 170.000.

Las localidades de Tamarite de Litera (con 269 explotaciones), Grañén (226), Fraga (223), Sariñena (192), Monzón (181), Huesca (130) y Barbastro (130), son en las que se concentra un mayor número de explotaciones y el mayor censo de cerdos de cebo. En Tamarite de Litera el censo asciende a más de 402.000 cerdos; en Fraga, a más de 383.000; en Sariñena a más de 367.000, en Monzón más de 316.000; en Grañén a más de 293.000 y en Huesca a más de 255.000.

Por lo que se refiere a las explotaciones de cerdas made, el mayor número de explotaciones se encuentra en Graus, con 76 explotaciones, seguido de Tamarite de Litera con 56, Barbastro con 37, Boltaña con 28 o Huesca con 27. El cesno es más reducido. En Graus hay 25.000 cerdas; en Sariñena más de 21.000, en Huesca más de 18.000, en Fraga más de 16.000, al igual que en Grañén.

Uno de los problemas asociados al porcino es el manejo de los purines, siempre polémicos por las afecciones medioambientales que provocan. El sindicato Asaja, por ejemplo, defiende que el purín se aplique como fertilizante agrario de una manera racional. La normativa dice que un purín aplicado correctamente como fertilizante agrario no es un residuo.

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