Gimeno: "El Gobierno central sólo está financiando el 19% de las ayudas a la Dependencia"

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha criticado públicamente este sábado ante más de un centenar de responsables técnicos y políticos de servicios sociales de toda España el incumplimiento de la obligación del Gobierno central de financiar a partes iguales con las comunidades autónomas los gastos que genera la aplicación –de por sí muy limitada- de la Ley de Dependencia.

“No puede ser que la ley diga que se tiene que financiar al 50% y el Gobierno central sólo esté aportando el 19% mientras la Comunidad de Aragón tiene que hacerse cargo del 81%”, ha resaltado Gimeno durante su intervención en el XXII Congreso Anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes Sociales que se celebra hoy y mañana en la localidad madrileña de Fuenlabrada y que en esta edición se centra en las rentas básicas.

La organización -cuyo representante aragonés es Gustavo García, responsable de la Casa de Amparo y de El Refugio en Zaragoza- ha agradecido la participación de Gimeno no sólo por depender de él las cuentas de los servicios sociales de Aragón, sino también por su trayectoria como vicealcalde de Zaragoza durante las dos legislaturas anteriores y por la interlocución que esperan les pueda facilitar en su condición más reciente de vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), máximo órgano de coordinación entre Gobierno y Comunidades Autónomas en la materia.

Sobre la Dependencia, Gimeno ha lamentado que el 31% de las personas con derecho reconocido a las prestaciones no las perciban todavía, y ha planteado la necesidad de un nuevo pacto social a nivel estatal para facilitar y agilizar la aplicación de la ley.

En cuanto a las rentas mínimas que abandera este congreso para garantizar a la ciudadanía unos ingresos vitales básicos, el consejero aragonés ha compartido su necesidad, si bien ha puntualizado que hay que ganar mucha eficiencia en las administraciones para conseguir al menos que la mayor parte del gasto social público llegue a las familias beneficiarias, y ha recalcado las propuestas que se están lanzando desde y para los diferentes niveles de administraciones públicas requerirían una puesta en común.

“Sería conveniente que el conjunto de las administraciones se coordinen en la definición y la regulación de las rentas básicas para que tengan coherencia entre sí y también con el conjunto del sistema de protección social”, ha dicho el consejero, entre otras cosas para “no cometer en el futuro inmediato los mismos errores que en años anteriores”.

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