El PAR de Huesca apoya a los policías locales cesados e insta al ayuntamiento a agotar opciones para un acuerdo

El Comité local de Huesca del Partido Aragonés (PAR), a través de su Presidencia, ha expresado su “solidario apoyo a los cuatro policías locales cesados y expulsados de sus empleos tras diez años de servicio, como consecuencia de un error administrativo del ayuntamiento en su incorporación y tras el procedimiento que fue objeto de sentencia judicial. Frente al perjuicio humano, familiar y profesional que esta situación les produce, queremos transmitirles nuestro respaldo y un mensaje de ánimo y esperanza”.

En ese sentido, el PAR de Huesca ha instado al gobierno municipal “a agotar todas las opciones posibles para un acuerdo y a buscar la solución que respete la legalidad y los derechos de todos, es decir, de los afectados que pueden perder su puesto y de quienes acudieron a los tribunales porque aspiraban a las mismas plazas de policía local y están legitimados para reclamar. La responsabilidad hay que achacarla al ayuntamiento y por ello, no es admisible que el daño recaiga exclusivamente en las personas implicadas, de una parte o de otra”.

Respecto a esa responsabilidad municipal, el comité del PAR oscense considera que “se trató de una cuestión prácticamente formal pero ello no excusa el error, ni las alternativas aplicadas han servido a la vista de la sentencia, ni los controles en la tramitación son tampoco ahora los necesarios, a la vista de otros acontecimientos como numerosas resoluciones judiciales contrarias a la institución o la reciente sanción acerca de la gestión de los fondos FEDER. El ayuntamiento esta obligado a resolver y prever de manera eficaz estas circunstancias y sus causas para que no puedan repetirse”.

El PAR de Huesca entiende que “a pesar de la complejidad jurídica del contencioso, tras el recurso formulado por los cesados contra el decreto de expulsión y la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento y sus servicios técnicos tienen que involucrarse hasta el fondo a fin de lograr un entendimiento entre los reclamantes y la institución, así como conseguir una salida legal para que los policías no pierdan sus trabajos, aportando las garantías precisas para alcanzar ese resultado en todos los aspectos y finiquitar este conflicto satisfactoriamente. El alcalde y el gobierno local deben liderar esta reacción, sin que valga únicamente ampararse en el cumplimiento de las obligaciones dictadas por los tribunales”.

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