El juez da un plazo de diez días más a las partes del caso de los policías locales aunque este sábado entregan la placa

El juez ha dado un plazo de diez días más a todas las partes implicadas en el caso de los policías locales. Aun así, este sábado entregaban la placa como estaba previsto. “Todos somos cesados”. Era la pancarta que compañeros y familiares de los cuatro policías locales sostenían este viernes frente al Ayuntamiento de Huesa, para apoyar a las cuatro personas, que están pendientes del juzgado para saber si perderán su trabajo, que ejercían desde 2006. Si se confirma la sentencia se van a la calle sin indemnización ni paro, una situación que desde la Junta de Personal, consideran muy tristes, y que estas cuatro personas están hundidas.

Están a la espera de ver si su recurso surte efecto. Ya no pueden hacer nada más, salvo esperar, y es lo mismo que les dicen desde el equipo de gobierno. Ahora todo está en manos de la justicia. Son defensores de la ley, y confían en ella, esperan que todo acabe llegando a buen puerto.

Estos cuatro policías son los afectados, de una oposición que sacaron justamente, y que tras el recurso de otras dos personas, por un fallo interno de los encargados de convocarla, están pagando las consecuencias.

Radio Huesca ha conocido que el ayuntamiento ha presentado alegaciones tras firmar el alcalde el cese, que los cuatro agentes han presentado un escrito y que, uno de los dos recurrentes, también ha presentado alegaciones.

La situación que viven los policías y sus familias se están convirtiendo en una pesadilla. Este sábado, si el juez no lo impide, volverán a vivir la misma situación que en 2009 cuando tuvieron que entregar su placa, uniforme, pistola…Estuvieron cuatro meses sin trabajar fruto de la primera sentencia. Volvieron a ser policías y seis años después van a pasar por el mismo proceso sin saber si esta vez será definitiva.

La procuradora, de uno de los recurrentes, ha presentado un escrito al juzgado contencioso-administrativo número 1 de Huesca con tres puntos. En ese escrito se cuestionan todas las actuaciones realizadas por el concejo oscense, llegando a poner en conocimiento del juez argumentos como que, en las plazas que se convocaron después, los dos recurrentes fueron tumbados en la prueba sicológica, cuando incluso, uno de ellos aprobó en Barbastro la oposición.

También, en sus argumentos, cuestionan a los policías aprobados al considerar que se “instalaron en una actitud cómoda durante años”. Solicitan la procuradora- al juez- una indemnización de 20.000 euros en el caso, dicen de una eventual, “aunque improbable, declaración de inejecutabilidad de la sentencia”.