Unidad Popular pide en Barbastro renegociar las relaciones con el Estado Vaticano.

Unidad Popular ha defendido en Barbastro un cambio de rumbo en la política española en relación a las confesiones religiosas. En este sentido. Alberto Ferraz, candidato al Congreso por Unidad Popular, ha señalado que “desde el máximo respeto a las creencias o no creencias individuales de cada ciudadano, entendemos que el Estado debe permanecer neutral en relación a la libertad individual de pertenecer o no a una confesión religiosa, por lo que Unidad Popular, considera imprescindible renegociar las relaciones existentes entre el Estado Español y el Estado Vaticano, renegociando las mismas bajo criterios de laicidad”. Ferraz ha señalado igualmente que “es preciso derogar el Concordato reformando y suprimiendo cualquier privilegio confesional y, reformando el carácter laico del estado”.

Igualmente, Ferraz ha señalado que “es preciso suprimir la simbología religiosa en actos y espacios de titularidad pública, lo que implica entre otras cuestiones; eliminar ritos religiosos en actos oficiales así como garantizar el derecho a realizar una apostasía sin ningún tipo de trabas o declarar nulas todas las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, restituyéndolas a su anterior situación registral”.

Finalmente, en relación a la devolución de los Bienes religiosos de las diócesis aragonesas que hoy se encuentran en Lleida, Ferraz ha señalado que “este es un problema fundamentalmente entre las diócesis, por lo que uno no acaba de entender las razones por las que el Vaticano no toma de verdad cartas en el asunto”, para recordar a la Diócesis de Lléida que “el séptimo mandamiento señala que no robarás bienes del prójimo, por lo que espero que de ejemplo y cumpla con el citado precepto religioso lo antes posible”.

Por su parte, el también candidato al Congreso, Sebastián Agudo, ha defendido “la necesidad de que las políticas sociales y de servicios básicos, estén garantizadas por el estado”. Señalando que “muy diversas entidades sociales, confesionales o no confesionales, están realizando un trabajo muy importante en materia de defensa de derechos sociales y servicios públicos, lo cual hay que poner en valor porque sin ellas, hoy la situación sería mucho peor para un gran número de familias. Dicho esto, la obligación del Estado es cubrir estas necesidades básicas, necesidades que no son otra cosa que derechos fundamentales de la ciudadanía, unos derechos que no pueden depender del trabajo casi caritativo de muy diversas organizaciones, sino que debe ser ejercido de manera activa por el estado, estableciendo un nivel federal digno que podrá ser mejorado por las políticas de las actuales autonomías”. Entre estas políticas sociales mínimas, Agudo ha señalado que “entre los derechos sociales mínimos que el estado debe garantizar y que forman parte de nuestro programa electoral, está el derecho a la vivienda, el del trabajo garantizado, el derecho a una educación y sanidad públicas de calidad, garantizar el cumplimiento de la ley de Dependencia o una renta básica garantizada a quienes tengan en la Unidad de Convivencia, ingresos inferiores al 70% de SMI”.

En el acto ha estado presente, en apoyo a la candidatura, el concejal de Cambiar Barbastro, Ramón Campo, que ha recordado que “La pobreza energética nació socialmente en Inglaterra hace 25 años, cuando igual que ahora, se generalizaba la imposibilidad de poder pagar a fin de mes los consumos necesarios para asegurar la confortabilidad de una vivienda. Esta expresión afecta también a quienes sufren problemas de impagos en hipotecas y alquileres”. Campo prosiguió analizando que “Son tres los niveles en los que profundizar en este nefasto binomio:

1. Ingresos bajos: Alrededor de 1.800.000 hogares en España tienen a todos sus miembros en paro y solamente el 53% de los parados tienen algún tipo de cobertura.

2. El elevado precio de la energía; desde 2007 la electricidad ha aumentado un 70%, un 25% el gas y un 44% el agua.

3. Los hogares con menos recursos gozan de viviendas poco eficientes energéticamente”. Ramón Campo ha finalizado diciendo que “el programa de Unidad Popular plantea diferentes acciones, que van desde la constitución obligatoria en los ayuntamientos de los comités de estudio de vulnerabilidad de las familias, la ampliación de la vulnerabilidad en la aplicación del bono social existente, auditorías energéticas gratuitas para educar en la eficiencia, subvencionar el 50% de las inversiones en eficiencia energética y concreción de las tarifas según rentas…”

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