Ni sobran profesores, ni hay demasiadas universidades

Cristina Vallés, cabeza de lista de Podemos – Alto Aragón en Común al Senado por la provincia de Huesca

La gestión mercantilista de lo público y en concreto de la educación no sólo es un problema que afecta a la calidad de la enseñanza, también a nuestros pueblos y nuestro territorio en general. Entender la educación como un derecho y no como un negocio del que sacar "tajada" parece que es difícil para el grupo político ‘tradicional’ de turno. La educación es una inversión de futuro para nuestro crecimiento social.

Los países más desarrollados saben que invertir en I+D+i es clave ante una crisis económica, igual que invertir en la escuela rural es una medida clave para prevenir la despoblación de nuestros pueblos. ¿Qué objetivos puede tener un Gobierno al conceder la privatización del grado de la Universidad San Jorge de Magisterio de Infantil y Primaria?

La demanda de matriculación en Aragón está cubierta con los campus de Huesca y Teruel. El 54% de los estudiantes de Huesca son del grado de Magisterio y en Teruel las plazas no están cubiertas porque las solicitudes han descendido en los últimos años de manera considerable, por la escasa creación de empleo en este campo por parte de la misma Consejería. Esta misma consejería es la que desmantela la escuela pública con recortes de profesorado, aumento de ratios, creación de trabajo precario etc.

Para Huesca y Teruel tener estos grados enriquece a ambas ciudades social y culturalmente. La Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón (LOSUA) establece que se ha de velar por "la vertebración territorial y la descentralización", titulaciones afianzadas, con prestigio por su calidad docente. Son infravaloradas, descuidadas frente a la privatización de un grado de 4 años con un coste de 6.900 euros el primer curso.

Apostar por la Educación de calidad, la transparencia en la gestión de las instituciones, incluida la universidad, aumentar la inversión en I+D+i, con unas tasas universitarias accesibles para todos y todas. Es una cuestión vital para nuestro territorio. Es más peligroso que solo los privilegiados accedan a la educación superior que garantizar su acceso universal, de forma que nadie quede excluido por razones socioeconómicas.

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