Rechazado el conflicto planteado desde Cataluña por los bienes de Sijena

Monasterio de Sijena

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción ha rechazado el conflicto de jurisdicción planteado por la Generalitat contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que ordenó la devolución a Aragón de los bienes del Monasterio de Sijena. Según informa el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, el Tribunal de Conflictos ha resuelto rechazar las pretensiones del Gobierno catalán en una sentencia que remitirá este martes al juzgado oscense para legitimar su decisión y propiciar su ejecución.

El conflicto de competencias fue planteado desde Cataluña al iniciar la titular del juzgado oscense los pasos necesarios para ordenar la ejecución provisional de la sentencia y garantizar su cumplimiento.

Español considera que el planteamiento de la Generalitat era "irracional" puesto que el objetivo era conseguir que la propia administración catalana tomara la decisión final sobre el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

La decisión del Tribunal de Conflictos confirma, a juicio del letrado, que el propio juzgado encargado de resolver el litigio es el órgano competente para ejecutar sus propias sentencias.

La sentencia del juzgado oscense declaró nulas de pleno derecho las tres operaciones de venta de los bienes del patrimonio histórico-artístico del Monasterio de Sijena a Cataluña entre los años 1983 y 1994.

La juez ordenó que la propiedad de todos los bienes vendidos a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) en esas tres operaciones de compraventa sea reintegrada a la orden religiosa de las Sanjuanistas y se proceda al traslado de las piezas al referido monasterio.

El conflicto de competencias fue informado desfavorablemente por la fiscalía de Huesca, en un escrito remitido a la juez en el que tachaba la iniciativa catalana de "maniobra dilatoria" dirigida a evitar el cumplimiento de la sentencia.

Según el letrado, la juez tiene la potestad, tras la resolución del Tribunal de Conflictos, de dirigirse a la Generalitat para exigir la devolución de las piezas, y de ordenar su "secuestro judicial" con la ayuda de la Guardia Civil en caso de no ser atendida su petición.

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