El Ayuntamiento de Monzón vigilará el proyecto de Biomasa y propone una mesa técnica

La empresa vinculada al proyecto de una planta de biomasa en Monzón ha conseguido 108 megawatios (MW) en la subasta de energía renovable del Ministerio de Industria, que tenía lugar este jueves. Según su proyecto necesitaba 50MW para desarrollarlo en la capital mediocinqueña.

El mismo se gestaba íntegramente durante el pasado mandato municipal y, tras superar varias fases de exposición al público, recibió la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del Instituto de Gestión Ambiental de Aragón (INAGA) el pasado mes de agosto.

Cabe destacar que la subasta adjudicaba los 108 MW a la empresa, no a un proyecto concreto, y será la dirección la que tome la decisión que considere sobre el reparto (trabaja en varios proyectos, si bien el de Monzón es el más adelantado).

La autorización del INAGA es firme. El equipo de gobierno ve el proyecto como un “oportunidad” de crecimiento económico e industrial y confía en la administración superior en todo lo relativo a la idoneidad de la instalación y el proceso de funcionamiento.

El alcalde, Álvaro Burrell, remarcaba la importancia de “contrastar” la información con la empresa y estudiar y analizar “en profundidad” los pormenores técnicos y medioambientales. En este sentido, ve muy oportuna y aconsejable la constitución de una “mesa técnica” integrada por diferentes agentes sociales que sirva para confrontar las distintas interpretaciones de los parámetros técnicos y para despejar cualquier duda, en especial de cara a los ciudadanos que se han mostrado más reacios al proyecto.

“El Ayuntamiento estará vigilante para que se cumplan todas las medidas de control y la actividad fabril sea respetuosa al ciento por ciento con la legislación que vela por el medio ambiente”, añade.

Retomando las declaraciones de semanas atrás, Burrell hacía hincapié en que al equipo de gobierno le hubiera gustado una ubicación de la planta más alejada del casco urbano, “tanto por ordenación urbanística como para evitar la oposición de los ciudadanos sensibles en temas de salud”, y entiende que si la empresa hubiera facilitado más información se hubiera frenado en gran medida la alarma social generada.

Como conclusión, el Ayuntamiento tenía en consideración el pronunciamiento del INAGA (la AAI es el permiso que requiere el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con los vertidos a la atmósfera y cualquier otra implicación de tenor medioambiental) y se compromete “al máximo control y vigilancia” de la actividad de la planta. “En este asunto, como en todos los que conciernen al gobierno municipal, habrá máxima transparencia”, subrayaba el alcalde.