Los municipios del Posets Maladeta se sienten ninguneados en el presupuesto autonómico

Los alcaldes de los municipios de Benasque, Gistain, Montanuy, San Juan de Plan y Sahun,  solicitan al Gobierno de  Aragón que incremente los recursos económicos destinados a estos espacios naturales  o que derogue las Leyes de Declaración y constitución de los mismos.

Desde estos municipios consideran que, una vez más, los territorios de alta montaña que soportan la regulación  de los recursos naturales mediante figuras de protección diversas y superpuestas unas sobre otras y sobre el mismo ámbito territorial,  vemos  con estupor  como la administración autonómica,  bajo el amparo del interés general, las promesas del desarrollo socioeconómico,   la generación de puestos de trabajo,  la promoción  turística de dichos espacios, las ayudas económicas a empresas y administraciones ocales o la dinamización de los territorios, todos ellos, indican objetivos loables y destinados a compensar las afecciones y limitaciones que dichas figuras generan, se sienten, una vez más, ninguneados ante la  propuesta de presupuestos del G.A.

Se refieren a la bajada continua y constante de los recursos que se destinan al medio ambiente,  y a los espacios protegidos que, antes se tradujo en la desaparición de puestos de trabajo, y ahora, en la muerte de las oficinas de desarrollo socioeconómico, entes que conocían y vivían directamente la problemática  de las gentes, que gestionaban los escasos recursos de  que disponían con la eficacia que da el conocimiento del medio donde trabajas y las diversas situaciones y problemáticas que se dan en el día a día.

Acercar la administración al ciudadano, indican que parece carecer de importancia  en estos momentos, así como olvidarse del espíritu de la Ley de Constitución de Parques Naturales,  de las promesas y de los objetivos con que nacieron dichas leyes. Consideran que los recortes presupuestarios no son la mejor manera de mantener los espacios protegidos sino todo lo contrario, y que la administración debería antes de legislar, ser consciente del coste económico que ello conlleva.

Por todo ello,  piden al Gobierno de  Aragón el incremento de los recursos económicos destinados a estos espacios  o la derogación de las leyes de declaración y constitución de los mismos.