Asaja Huesca defiende la ganadería como vertebrador del medio rural

La organización profesional agraria ha querido dejar clara su postura en defensa de la ganadería como un sector clave para el desarrollo económico de la provincia, y en concreto de la intensiva de porcino, tras la paralización, por el momento, de la instalación de un proyecto de granjas en Canal de Berdún, en la Jacetania.

Para Asaja la ganadería es complemento para las explotaciones agrícolas, generador de empleo directo e indirecto en el medio rural, sostenible ambientalmente y compatible con otras actividades económicas.

La instalación de granjas porcinas se encuentra regulada por normativa autonómica, en cuya elaboración han intervenido diversos departamentos del Gobierno de Aragón como son los que tienen competencias en agricultura, medio ambiente, política territorial y urbanismo, explican desde Asaja. En esta normativa se fijan las distancias que deben respetar las instalaciones ganaderas entre sí y entre otros elementos del territorio, como pueden ser los núcleos de población.

De igual manera está regulado, insisten, el destino que se debe dar a los purines procedentes de estas granjas, que suele ser el uso como fertilizante agrario. De tal manera que no se concede una licencia si no se ha demostrado el destino que se dan a estos purines.

Desde Asaja Huesca “hemos defendido en innumerables ocasiones el valor del purín como fertilizante agrario en cuanto a que supone un ahorro para el agricultor, pero que también beneficia al resto de la sociedad en tanto en cuanto evita la fabricación de abonos químicos de síntesis con el consiguiente gasto de energía, y supone un uso tradicional de las deyecciones ganaderas”.

A lo que añaden, “debemos tener en cuenta que el desarrollo de los proyectos ganaderos los hace gente del territorio, personas que están viviendo en nuestros pueblos, y que arriesgan su dinero por mantener abierta su explotación”. El sindicato apoya su argumento en que el gasto medio de una explotación de porcino de 2.000 plazas está en 400.000 euros, de los cuales en torno al 50-60% queda en el territorio en forma de trabajos de distintos gremios (electricistas, fontaneros, albañiles,…), considerando aparte que estas instalaciones requieren un mantenimiento que también se suele hacer por empresas locales.

Concluyen que “es perfectamente compatible con otros usos que se den en el territorio, y que es desde el diálogo con todos los agentes del mismo donde se deben solucionar los conflictos que se planteen, rechazando de plano todo lo que suponga una prohibición expresa y tajante a la actividad agrícola y ganadera”.

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