Gracia: "Quien vive en un pueblo de montaña debe tener los mismos derechos que quien vive en la ciudad"

Miguel Gracia DPH

El presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, clausuraba, este viernes, el II congreso de la Asociación de Municipios de Montaña que reunía, en Lérida, a un centenar de representantes de distintas entidades que debatían sobre los retos de la montaña del futuro. Decía el presidente provincial que “solo se nos considerará municipios y personas de interés general si somos capaces de hacer llegar nuestra voz a los centros de decisión y poder”.

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Miguel Gracia argumentaba que los habitantes de los pueblos de montaña han de tener las mismas oportunidades y derechos iguales a los que disponen quienes viven en las ciudades o cabeceras de comarca, algo que no es así en la actualidad. Para hacer frente a esta situación, que en la provincia de Huesca es un problema acuciante en los últimos 50 años, cuando se ha perdido el 50% de la población, el responsable de la DPH hablaba de la necesidad de organizarse y tener voz propia, constituirses a modo de lobby de presión para poder llegar a los centros de decisión donde se marcan las normativas e iniciativas necesarias para hacer frente a este tipo de realidades, con la despoblación como principal problema.

En este sentido, Miguel Gracia ha defendido la necesidad de normativa específica diferenciada para los municipios de montaña de forma que permita a familias, emprendedores y empresarios el poder instalarse a vivir y trabajar en estos pueblos. Además de políticas de discriminación positiva, y acciones prioritarias en materia de monitores que cubran los servicios de la ley de dependencia, la puesta en marcha de servicios a mujeres y jóvenes, equipamientos que permitan la conciliación como escuelas infantiles, impulsar mejoras en el transporte o generar iniciativas de multiactividad económica., acciones en políticas fiscales, como exenciones desde el IVA al IRPF, desgravaciones o bonificaciones, es decir, medidas que se puedan aplicar a las familias, empresarios y emprendedores que quieran instalarse a trabajar y vivir en los pueblos de montaña. Y acompañarlas, de otras que permitan el asentamiento poblacional.

Se refería también a la realidad y situación actual de los núcleos habitados de montaña y hacía alusión a la necesidad de dar respuesta y cumplir con el artículo 130.2 de la Constitución española, que insta a los poderes públicos a dispensar un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Concluía urgiendo a la necesidad de poner fin a la despoblación de las zonas de montaña. En su día, decía, se conquistó el desierto geográfico y demográfico de los Monegros impulsando los regadíos y los pueblos de colonización; hoy son necesarias de manera prioritaria medidas que pongan tengan en cuenta la realidad de los pueblos de montaña: su orografía, la dispersión geográfica de la población en montaña y el envejecimiento poblacional, entre otras cuestiones.

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