CHA presenta una moción en el Ayuntamiento de Broto para respaldar al modelo comarcal

Este grupo municipal en Broto defiende el modelo comarcal, como garante de la prestación de servicios a todos los aragoneses en la mayor igualdad posible de condiciones. En la propuesta también se insta al Gobierno de Aragón a garantizar la financiación suficiente a las comarcas y a llevar a cabo un proceso de evaluación del funcionamiento comarcal.

El portavoz de esta formación política en dicha localidad, José Ramón Ceresuela, señala que “después de estos años de funcionamiento, el modelo comarcal no ha fracasado como dijo el Presidente de Aragón hace unos días, sino que las comarcas han demostrado que son la organización más adecuada a la realidad demográfica y territorial aragonesa, para completar las carencias municipales y para la mejor organización de muchos servicios, por cercanía y por adaptación a cada territorio”.

Pese a ello, Ceresuela apunta que “el modelo comarcal se puede revisar y modernizar, y por ello solicitamos también en la moción algo que desde CHA firmamos con el PSOE en el acuerdo de investidura de esta legislatura, como es el proceder a la evaluación del modelo comarcal a través de un amplio proceso participativo, en el que se vea si se han originado desigualdades en los servicios que presta cada comarca, si podemos seguir asumiendo más competencias, o donde se pueda cambiar el sistema de elección de consejeros”.

Ceresuela recuerda que “todo el proceso de comarcalización se desarrolló por consenso de todos los grupos políticos porque todos éramos conscientes de que en un territorio como el aragonés, tan marcado por la dispersión y la despoblación, había que crear una nueva organización territorial que contribuyese a vertebrar el territorio, a impulsar el desarrollo rural y a mejorar los servicios sociales”.

Finalmente, el portavoz de CHA indica que “si hay que reformar la arquitectura institucional, se haga contando con la opinión de los municipios y no de manera unilateral, como ocurrió con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que acabó en el Constitucional recurrida por casi 3.000 ayuntamientos”.