El PAR se opone a la privatización de los servicios jurídicos a mujeres víctimas de violencia

La diputada portavoz del PAR en materia de Ciudadanía y Derechos Sociales en las Cortes, Elena Allué, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento autonómico que insta a la DGA a que garantice que el asesoramiento jurídico que se presta a las mujeres en Aragón en todos los campos de actuación jurídica, y que afecta a los casos de violencia contra la mujer y a la obtención del beneficio de justicia gratuita, “se siga realizando con los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel, tal y como recoge el artículo 12 de la Ley aragonesa 4/2007”.

La proposición insta también a la DGA a que mientras no se resuelva jurídicamente este asunto, “prorrogue el contrato del año 2015 del servicio de asesoría jurídica y atención inmediata con los Colegios de Abogados, con el fin de garantizar la cobertura del servicio a las mujeres en Aragón”.

Elena Allué argumenta que la propuesta del PAR surge tras conocer la posible privatización de la asesoría a mujeres en Aragón, “lo que ha levantado todo tipo de suspicacias y puesto en entredicho el buen funcionamiento de este servicio en los últimos 20 años con los Colegios de Abogados”. En este sentido, Allué dice que “lejos de mejorar los mecanismos de protección a las mujeres el Gobierno de Aragón retira la confianza aunque, significativamente, sólo para uno de los servicios que prestaba ya que el turno de guardia que los Colegios prestan casi de forma gratuita se seguirá manteniendo en el contrato, no así la asesoría jurídica y la asistencia a la justicia gratuita, que se pretenden privatizar, por lo que se corre el riesgo de empeorar sustancialmente, por primera vez en la historia de la democracia, la protección y el amparo jurídico gratuito a las mujeres víctimas de violencia”

Elena Allué argumenta que “si hay violencia hacia la mujer y sigue habiendo asesinatos contra ellas es porque la igualdad efectiva de mujeres y hombres dista aún mucho de conseguirse. Una igualdad que está recogida como un derecho constitucional”. La cruda realidad de la violencia que se ejerce contra las mujeres, advierte Allué, ha tenido “un efecto directo en las instituciones y organismos que trabajan en esta materia, y que se ha materializado en el compromiso sin fracturas para solucionar este gran problema de la sociedad española”.

La diputada aragonesista considera que se han conseguido avances en los últimos 15 años en cuanto al incremento de recursos para combatir esas desigualdades y hacer frente con mayor contundencia a la lacra de la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero “es evidente también que si sigue habiendo desigualdad y se siguen cometiendo agresiones, e incluso asesinatos, los recursos a disposición de las mujeres tienen que mejorar e incrementarse”.

El año 2015 se saldó con 56 mujeres víctimas de violencia machista en España, una de ellas aragonesa

Elena Allué recuerda que las cifras son “realmente dramáticas”. El año 2015 se saldó con 56 mujeres víctimas de violencia machista en España, “una de ellas aragonesa”. Se han recibido en el último año 3140 llamadas en el teléfono 24 horas “1017 mujeres han sido atendidas en el turno de guardia por violencia de género, 1.809 en la asesoría jurídica, 1852 en la asesoría psicológica, 174 denuncias fueron presentadas en Aragón, 389 órdenes de protección concedidas, 179 mujeres cuentan en Aragón con dispositivo de alarma y 183 mujeres y 154 menores han pasado por las distintas modalidades de alojamientos en casas de acogida, centros de emergencia o pisos tutelados”.

En Aragón hemos sido pioneros en la puesta de recursos de protección a las víctimas; Asesoría jurídica y Turno de Guardia jurídico, Turno de oficio de asistencia social, apertura de las primeras Casas de Acogida y Centros de emergencias, Protocolos de actuación de profesionales que trabajaban en el ámbito de la violencia de género, formación a abogados, trabajadores sociales, sanitarios, policías, guardia civiles, psicólogos, teléfono gratuito 24 horas, Programa “Espacio” o el dispositivo de alarma.

Allué explica que, a pesar de la crisis económica y de la escasez presupuestaria, aún con mermas, se renovó la confianza con los Colegios de Abogados en la asistencia jurídica para las mujeres en Aragón. Y señala que uno de los primeros recursos en implantarse fue el servicio gratuito a las mujeres, consistente en asesorías jurídicas, charlas a mujeres y la asistencia letrada en los procedimientos judiciales que pudieran ejercer contra sus maltratadores “este servicio lo impulsaron las propias abogadas, preocupadas por cómo la sociedad daba la espalda a las mujeres y cómo las mujeres maltratadas volvían al ámbito doméstico por no resolver sus carencias y protección en las distintas administraciones por las que pasaban”.

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