La Cámara de Cuentas defiende a los distintos responsables del CASAR

El vicepresidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, responsable del informe de fiscalización sobre el CASAR relativo a los ejercicios 2013 y 2014, aseguraba este lunes en las Cortes que, a pesar de las importante problemas de gestión que ha ido acumulando este consorcio durante años, que llegó a acumular 15,9 millones de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, “sí que ha habido responsabilidad” por parte de sus gestores, porque “se aprecia cierto control dentro de los resultados tan extraños que presentan” y que “han intentado poner en ellas algo de luz y orden”.

Un informe que se ha elaborado y se ha presentado en la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas del Parlamento después de que el CASAR se haya extinguido e integrado dentro del SALUD, por lo que, como ha indicado el presidente del órgano fiscalizador aragonés, Antonio Laguarta, “no hemos hecho recomendaciones al propio CASAR, sino que valen las hechas al propio SALUD”, porque “se ha hecho cargo de los elementos negativos que tenía el consorcio”.

Eso sí, Peña ha sido especialmente crítico con la situación de los interinos que han sido contratados a lo largo de sus años de historia por el CASAR. Según la información recabada, “se identifica que no ha habido voluntad de resolver esa situación laboral” y “nunca se ha buscado la regularización de esos contratos”. Son 96 personas que a día de hoy están en la plantilla del SALUD con la misma relación jurídica, y “un buen número de ellos han presentados demandas para reclamar” por esta situación.

Durante el turno de palabra de los grupos parlamentarios, el diputado del PP Miguel Ángel Lafuerte ha recordado que “el CASAR no ha nacido en 2013”, aunque sea el ejercicio analizado en el informe, y que “ha tenido los mismos problemas siempre”. Además, ha reseñado que, “según el informe, desde que empezó a funcionar ya nació con un problema de gestión económica”, y que fue en los años 2008 y 2009 cuando “se multiplicó por cuatro el gasto respeto a 2006, siendo entonces su gestor el actual consejero de Sanidad, Sebastián Celaya”.

Este informe “ha sobrepasado mis expectativas y todo lo que podía imaginar”, según las palabras del portavoz del PSOE Alfredo Sancho, quien se ha centrado en criticar “tres aspectos fundamentales” en los que la Cámara de Cuentas “ofrece una opinión desfavorable”, como son “la inexistente fiscalización de las cuentas, una gestión de personal que no hay por dónde cogerla”, y la extinción del organismos, que es necesario estudiar porque “es lo que tiene repercusiones en este momento”.

Desde el Grupo Parlamentario Podemos, su diputado Alfonso Clavería ha destacado el “magnífico trabajo realizado por la Cámara de Cuentas” y se ha preguntado si “podemos instar a los servicios jurídicos de la DGA a elaborar un estudio que determine los daños causados al interés público” como consecuencia de las “diferentes irregularidades detectadas”. En su opinión, es momento de profundizar en “qué tipo de extinción se ha llevado a cabo”.

Para la parlamentaria del PAR Berta Zapater “se está demostrando” con este informe que “fue decisión acertada la disolución del CASAR”. Por ello, se ha preguntado si en 2006, cuando “se planteó ampliar el consorcio”, “había datos que dejaban ver que esto no iba bien”, además de haber destacado que “su presupuesto ha sido siempre insuficiente, excepto en 2009, y se han ido cubriendo gastos con el presupuesto del año siguiente”, llegando a suponer estas “más del 50% del presupuesto”.

“¿Cómo es posible que el CASAR funcionara?”, se ha preguntado el diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, tras haber revisado el informe de la Cámara que ha tachado como “inaudito”, ya que lo que refleja “no puede suceder con semejante facilidad”. En ese sentido ha remarcado que en el CASAR “se gastaba sin presupuesto” y “se utilizaban partidas a discreción sin supervisión”, lo que “nos parece increíble”.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto en esta Ponencia Carmen Martínez ha resumido el informe asegurando que “todo está mal”. Además, también lo ha definido como “raro”, ya que “fiscaliza un ente que ya no existe”. Precisamente, Martínez ha incidido en su extinción, “a la que votamos en contra, a pesar de no haber estado nunca a favor del CASAR, porque nos generó muchas dudas respecto a la situación laboral en que dejaba a sus  trabajadores”.