Soro señala "la dificultad" de solucionar la problemática de los túneles de Plan

El Gobierno de Aragón publicaba recientemente un estudio con cuatro posibles mejoras para la bidireccionalidad y seguridad de la principal carretera de acceso al Valle de Chistau, la A-2609. Se trata de una reivindicación histórica de ese territorio porque “genera multitud de problemas para el valle” con la circulación de vehículos pesados y “de inseguridad para los turistas”.

Entre las medidas recogidas en dicho estudio, los representantes de Plan se decantan por la construcción de un nuevo túnel de 2.300 metros, pero el consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, indica que “hay que ser realistas” con respecto al coste y la duración que entrañarían las obras.

Es la medida más costosa que se recoge en dicho estudio. Una nueva infraestructura desde e la boca del desfiladero hasta su terminación. Sin embargo, en la zona lamentan que no hay asignación económica para el presente año ni tampoco para el siguiente. Por ello reclaman “bajar el firme unos 40 centímetros para minimizar los problemas del gálibo de 3.7 metros”. Soro cree que no es tan sencillo llevar a cabo esta medida, aunque insiste en que los equipos técnicos estudian todas las posibilidades.

Los problemas en esta carretera vienen derivados de la altura del gálibo de 3.7 metros y una anchura media en los cuatro túneles de 5.5 metros. Por este motivo, los vehículos pesados, tanto de mercancías como de viajeros, deben pasar con señalistas. El pasado verano, los autobuses que trasladaban a niños y jóvenes a los campamentos de verano del territorio debían pedir un permiso especial a la DGA y cruzar los túneles escoltados por Protección Civil de la Comarca de Sobrarbe.

El alcalde de Plan, José Serveto, indica que esta carretera “aísla y limita” al territorio porque muchos visitantes “no quieren exponerse a los riesgos que supone esta carretera” y se necesitan soluciones “inmediatas”. Estos túneles llevan construidos más de un siglo. Hace aproximadamente medio año, los responsables políticos de Plan, San Juan de Plan y Gistaín reivindicaban soluciones efectivas a la consejería de Obras Públicas del ente autonómico y a la dirección General de Carreteras. Ambos departamentos planteaban un semáforo que limitara la bidireccionalidad de acceso a los túneles.