La plataforma en defensa de los 8 de Yesa cuestiona la instrucción del caso

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La plataforma que apoya a los ocho acusados de llevar a cabo una agresión a varios guardias civiles tras una carga policial en la localidad de Artieda, denuncia que la instrucción del proceso judicial no ha sido ajustada a derecho y, asegura, los acusados están indefensos ante las maniobras políticas que se han venido realizando desde el principio del proceso.

El juicio oral se llevará a cabo el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ya que Artieda, aunque pertenece a la Comarca de la Jacetania, se ubica en la provincia de Zaragoza.

Explica el portavoz de la plataforma en defensa de los 8 de Yesa, Miguel Solana, que la calificación de los hechos de atentado a la autoridad hizo que la instrucción pasará de los juzgados de Ejea de los Caballeros a la Audiencia de Zaragoza, momento en el que, según Solana, el nuevo juez instructor solo da credibilidad a las tesis de la Delegación del Gobierno, rechazando las pruebas de los acusados.

Solana señala que es sorprendente que el propio Fiscal solicite una pena mayor que la acusación particular. El Ministerio Público pide para los acusados penas que suman 36 años de prisión.

Desde la plataforma se dice que la carga policial fue desproporcionada, los manifestantes estaban en una actitud pacífica, no cortaron tráfico alguno, y que la intervención ordenada por la Delegación del Gobierno tenía una intencionalidad provocadora.

Durante los últimos meses, el colectivo de apoyo a los acusados ha cosechado numerosas adhesiones y declaraciones institucionales. Todos los ayuntamientos de la Jacetania han mostrado su apoyo, así como todas las comarcas pirenaicas. La Diputación Provincial de Huesca, la Diputación Provincial de Zaragoza o los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza también han aprobado mociones en las que se muestra la solidaridad para con los acusados.

El próximo domingo, horas antes de iniciarse el juicio, se ha convocado a la sociedad aragonesa a manifestarse en Zaragoza en apoyo a los 8 de Yesa.

Los hechos que se juzgan este domingo se remontan al 10 de octubre de 2012, cuando un centenar y medio de personas bloqueaban el acceso a Artieda para impedir que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro procedieran a la expropiación de las tierras afectadas por el proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.

En ese momento, los guardias civiles desplazados a la zona procedieron a realizar una carga policial de la que se derivaron acusaciones cruzadas entre manifestantes y agentes del orden.

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