La Generalitat recurre para retener las 97 piezas de Sijena

El ejecutivo catalán, tal y como había anunciado, ha recurrido la orden judicial que le obliga a devolver los 97 bienes del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena el día 25 de julio. En concreto, según ha señalado el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha presentado dos recursos cuyo contenido es el mismo, aunque hacen referencia a dos cuestiones diferentes.

En el primero se recurre la fijación de la fecha de devolución y en el segundo, el requerimiento especial que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca ha hecho a la persona del consejero de Cultura catalán, Santi Vila, para que lo cumpla, detalla Español en un comunicado de prensa.

De esta forma, la Generalitat ha recurrido la fijación por el Juzgado de la fecha de devolución argumentando que queda pendiente de resolverse un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional, "pero lo cierto es que dicho incidente constitucional no suspende en modo alguno la ejecución judicial", señala el letrado.

Asimismo, "se dice que son bienes públicos afectos a una actividad museística y que no pueden ser embargados, pero el Juzgado número 1 de Huesca ha anulado las ventas de estos objetos a favor de las instituciones culturales catalanas, habiendo recuperado la comunidad de monjas de Sijena la propiedad de los mismos". Por tanto, en este momento esos bienes son de propiedad privada y no pública, "estando solo en Cataluña en concepto de depósito judicial y sujetos a lo que la autoridad judicial determine para restituir esa propiedad a sus legítimos dueños, como es su deber".

En tercer lugar, continúa Español, se alega que de esos 97 bienes hay 44 que están en el Museo de Lérida y que forman parte de una colección indivisible, que no se puede disgregar sin autorización del consejero de Cultura de la Generalitat.No obstante, "hay un importante precedente internacional que es el caso de los herederos del abogado Feldmann contra el Museo Británico", apunta el abogado, al indicar que los herederos del abogado checo doctor Feldmann reclamaron unos valiosos grabados que el Museo Británico había comprado en 1946 porque decían que los nazis los habían expoliado a su padre por ser judío.

El Museo Británico alegaba que la colección del museo no puede ser disgregada sin autorización del Parlamento británico y que esos grabados formaban parte de su colección, si bien el Tribunal Supremo inglés dictó sentencia sosteniendo que si los herederos del doctor Feldmann lograban demostrar que esos grabados habían sido adquiridos ilegalmente por el Museo Británico, entonces sería como si esas obras "nunca hubiesen formado parte de la colección indivisible del Museo Británico, por lo que el centro debería devolverlos a su legítimo dueño, porque las colecciones se hacen con piezas propias, no con piezas ajenas".

Según Español, "es el mismo caso que el Museo de Lérida, pues una vez se comprueba que esos bienes no son propiedad de dicho museo, y que fueron adquiridos ilegalmente, automáticamente dejan de formar parte de su colección indivisible y deben devolverse a sus legítimos dueños como si nunca hubiesen formado parte de la misma, no teniendo a partir de entonces la colección catalana ningún efecto jurídico sobre el propietario aragonés". 

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