Alcolea de Cinca aprueba el convenio con la DGA para el sellado de su vertedero

El pleno de Alcolea de Cinca aprobaba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón para el sellado y restauración ambiental de su vertedero. Texto muy similar al de 2015, que no se ejecutó. El presupuesto es de 500.000 euros.

En ese año se aprobaba el convenio que se remitió a la DGA y se solicitaba y obtenía la autorización perceptiva del INAGA para acometer la obra, no llegándose a aprobarse por la DGA.

Con el acuerdo plenario se vuelve a iniciar la tramitación para el sellado del vertedero. Como novedad se abre la posibilidad de aportaciones particulares para completar el presupuesto necesario y añadiéndose por el Gobierno de Aragón el compromiso de su aportación íntegra en el ejercicio de 2016, quedando pendiente la determinación concreta de la cifra global a aportar entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, que sería en todo caso una cifra muy próxima a los 500.000€. En el texto aprobado se indica que el exceso deberá ser asumido por el Ayuntamiento de Alcolea en el ejercicio 2017, si bien ya se han iniciado los trámites de revisión del proyecto que fue elaborado en 2007, y que todo hace prever que los precios serán inferiores ajustándose probablemente al importe subvencionado.

Cabe recordar que en septiembre de 2015 se anunciaba una partida de 607.841€ de la administración central para, entre otras cuestiones, el sellado de los vertederos de residuos no peligrosos , entre ellos, el de Alcolea de Cinca, que se encuentran en desuso desde la entrada en servicio del macrovertedero de Barbastro, que presta servicio, entre otras comarcas al Cinca Medio y La Litera.

Desde el 2014 la Unión Europea viene reclamando no sólo el sellado de estos vertederos sino su restauración. En 2016 tenía que abrirse una partida para este fin.

En febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminaba mediante sentencia el incumplimiento de España en 30 vertederos de residuos no peligrosos, entre ellos el de Alcolea, de las normas europeas sobre el vertido de residuos de 1999, dando así la razón a la Comisión Europea, que denunció a España ante el tribunal de Luxemburgo. A fecha de hoy, siguen sin legalizar su situación.

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