Sobreseimiento y archivo de la querella contra la tramitación de la planta de biomasa de Monzón

La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Monzón ha decretado el sobreseimiento libre de las cuatro técnicos (dos del Ayuntamiento y dos del INAGA) y el archivo de las actuaciones realizadas, a raíz de la querella interpuesta por Ecologistas en Acción, por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio en la tramitación realizada para la concesión de la Autorización Ambiental Integrada al objeto de la instalación de una planta de biomasa y su ubicación en la localidad a 600 metros del casco urbano, impulsada desde Forestalia. La sentencia no es firme por tanto se puede presentar recurso de reforma o apelación. Cuestión que estudian los querellantes.

La Juez, en el auto, recuerda que, tras las declaraciones de las investigadas, sus defensas pidieron el sobreseimiento libre, petición a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. Mientras que los querellantes se opusieron a esta propuesta y presentaron alegaciones.

Según explica en el texto con respecto a las técnicos municipales, la Juez apunta que tras un primera examen de las actuaciones de documentos unidos a autos y de sus informes se generaban importantes dudas, que fueron despejadas en sus declaraciones como investigadas de una manera clara, coherente y bien fundada, explicando que norma regía en cada caso.

Uno de los puntos más controvertidos era la distancia al casco urbano en 600 metros. En este punto se explicó que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, había sido desplazado en el territorio aragonés por la Ley 7/2006 de Protección Ambiental y que esta nueva normativa no establece distancia mínima al núcleo urbano para este tipo de industrias.

La Juez concluye que no es posible extraer de sus informes la concurrencia de los elementos típicos de las infracciones penales denunciadas. Además, no se aprecia indicio alguno de actuación consciente, dolosa, de tener conocimiento de estar informando de manera contraria a las normas de ordenación del territorio o urbanística vigentes, si no de estar efectuando una interpretación razonada del sistema legal.

Con respecto a las técnicos del INAGA, que formularon la declaración de Impacto Ambiental Compatible para el proyecto de generación eléctrica mediante biomasa, la Juez afirma en su auto que, de nuevo, quedaban esclarecidas, a su criterio las dudas y alegaciones que llevaron a la admisión de la querella.

En el escrito considera que no es elemento del tipo penal investigado el hecho que las querelladas duden de la validez de los informes elaborados por el Ministerio de Agricultura en el ámbito de la responsabilidad medioambiental; o de los emitidos por el Servicio de Cambio Climático de la DGA; incluso el que los desconozcan, dado que no eran informes propios del ámbito de actuación del INAGA.

Por tanto concluye, que sin perjuicios de las decisiones que se puedan adoptar en el ámbito contencioso-administrativo, tras sus declaraciones no existe ningún indicio fundado que las técnicos actuasen a sabiendas de que se trataba de instalaciones manifiestamente ilegales.

Reduciendo su competencia a examinar proyectos, informar conforme a la normativa vigente y sugerir las medidas de control para evitar perjuicios posteriores, como realizaron en su informe, es decir, no toman decisiones.

Cabe recordar que dos puntos separan a la empresa promotora y a la plataforma. En primer lugar, la distancia de la planta al casco, mientras que Forestalia defiende su ubicación como idónea y sin peligro para los ciudadanos, los ecologistas la quieren en un radio de 5 kilómetros. En segundo lugar, el estudio de la dispersión de contaminantes mientras que los primeros anuncian un trabajo profesional que minimiza los posibles riesgos, y la asociación que ese informe no contemplará las emisiones del invierno de la ciudad por lo que estará incompleto.

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