Concluye el plazo para enviar el plan de transporte de las 97 piezas

Cataluña no se ha dirigido al Gobierno aragonés para comunicar cómo y cuándo devolverá las 97 piezas de arte antes del próximo lunes 25 de julio, cuando expira el plazo dado por la juez de Huesca. En cualquier caso, el consejero catalán de Cultura, Santi Vila, anunciaba que ha enviado una carta a DGA explicando que es imposible cumplir la sentencia.

Además el político catalán decía a los medios de comunicación que la Generalitat no contempla el escenario de que la Policía vaya a por las obras.

Por su parte, el Gobierno de Aragón pide serenidad y confía en el cumplimiento, como señalaba en la mañana de este miércoles la consejera Mayte Pérez.

Pero si comprueban este jueves que Cataluña no ha mandado el plan de traslado, el ejecutivo aragonés junto con el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ya anunció que pedirían de nuevo a la juez la intervención policial, o lo que es lo mismo, que tome las medidas oportunas para dar cumplimiento a la sentencia.

Según fuentes del Departamento de Cultura de DGA, se entiende que hasta las 24 horas del día 20 se podía proceder a dicho envío. Si no ha sido así, se trataría del primer incumplimiento de la orden judicial en referencia a los plazos de ejecución de la sentencia, que declaró nulas las ventas de las 97 piezas del Monasterio.

EL ALCALDE DE LÉRIDA HABLA DE ‘COMPARTIR’ LAS OBRAS

El alcalde de Lérida, Àngel Ros, afirmaba este miércoles que se seguirá litigando para conservar en el Museo Diocesano Leridano las obras del Monasterio de Sijena que reclama el Gobierno de Aragón, aunque puntualizaba que se buscarán modelos para compartirlas de forma colectiva en ambos territorios.

Ros señalaba, además, que "cumpliendo las leyes catalanas de patrimonio es imposible que la devolución se lleve a cabo", y que, además, la sentencia del juzgado de Huesca es recurrible.

Reconocía que, aunque es posible que el 25 julio actúe la policía judicial si las obras no salen de los museos catalanes, espera que esta situación no llegue a ocurrir al estimar que los criterios de "prudencia y proporcionalidad" guiarán las actuaciones judiciales y de otros órganos del Estado.

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