Ecologistas en Acción formaliza el recurso contra el archivo de la querella sobre la planta de biomasa en Monzón

El abogado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, ha formalizado ante la Audiencia Provincial de Huesca el recurso de apelación contra el archivo decretado por la Juez de Primera Instancia del Juzgado Nº 1 de Monzón de la querella criminal presentada contra cuatro técnicos (dos del INAGA y dos del Ayuntamiento) por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio en la tramitación de la planta de biomasa que promueve Forestalia Renovables en la localidad.

El recurso presentado se basa en que los querellantes consideran que no está clara la motivación de los informes emitidos por las técnicos, que falta por practicar la prueba de otros informes públicos que dicen todo lo contrario y que hay contradicciones entre las declaraciones. Según Malo, no se ha realizado por parte de las técnicos ninguna comprobación de datos y falta la realización de la prueba pedida por ellos.

Ecologistas en Acción discrepa abiertamente con el proyecto en dos conceptos: la cercanía al núcleo urbano (600 metros) y en la declaración de Impacto Ambiental Compatible ya que no tenía en cuenta el informe del Servicio de Cambio Climático y no es completo el estudio de dispersión de contaminantes presentado por el promotor de la planta de biomasa.

Este lunes era el último en el que se podía presentar recurso. Ahora la Audiencia Provincial decidirá si lo admite a trámite o rechaza el recurso. En caso de seguir adelante habría que conocer si afecta o no al proyecto y la empresa puede comenzar con los trabajos para su ubicación.

AUTO

La Juez, en el auto, recuerda que, tras las declaraciones de las investigadas, sus defensas pidieron el sobreseimiento libre, petición a la que se adhirió el Ministerio Fiscal. Mientras que los querellantes se opusieron a esta propuesta y presentaron alegaciones.

Según explica en el texto con respecto a las técnicos municipales, la Juez apunta que tras un primera examen de las actuaciones de documentos unidos a autos y de sus informes se generaban importantes dudas, que fueron despejadas en sus declaraciones como investigadas de una manera clara, coherente y bien fundada, explicando que norma regía en cada caso.

Uno de los puntos más controvertidos era la distancia al casco urbano en 600 metros. En este punto se explicó que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, había sido desplazado en el territorio aragonés por la Ley 7/2006 de Protección Ambiental y que esta nueva normativa no establece distancia mínima al núcleo urbano para este tipo de industrias.

La Juez concluye que no es posible extraer de sus informes la concurrencia de los elementos típicos de las infracciones penales denunciadas. Además, no se aprecia indicio alguno de actuación consciente, dolosa, de tener conocimiento de estar informando de manera contraria a las normas de ordenación del territorio o urbanística vigentes, si no de estar efectuando una interpretación razonada del sistema legal.

Con respecto a las técnicos del INAGA, que formularon la declaración de Impacto Ambiental Compatible para el proyecto de generación eléctrica mediante biomasa, la Juez afirma en su auto que, de nuevo, quedaban esclarecidas, a su criterio las dudas y alegaciones que llevaron a la admisión de la querella.

En el escrito considera que no es elemento del tipo penal investigado el hecho que las querelladas duden de la validez de los informes elaborados por el Ministerio de Agricultura en el ámbito de la responsabilidad medioambiental; o de los emitidos por el Servicio de Cambio Climático de la DGA; incluso el que los desconozcan, dado que no eran informes propios del ámbito de actuación del INAGA.

Por tanto concluye, que sin perjuicios de las decisiones que se puedan adoptar en el ámbito contencioso-administrativo, tras sus declaraciones no existe ningún indicio fundado que las técnicos actuasen a sabiendas de que se trataba de instalaciones manifiestamente ilegales.

Reduciendo su competencia a examinar proyectos, informar conforme a la normativa vigente y sugerir las medidas de control para evitar perjuicios posteriores, como realizaron en su informe, es decir, no toman decisiones.

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