El PP busca respuesta a la adjudicación del servicio de gestión de la Oficina Municipal de la Vivienda

El grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una batería de preguntas en relación con el proceso de contratación para la puesta en funcionamiento del servicio de gestión de la Oficina Municipal de Vivienda. El citado servicio se adjudicó por algo más de 71.600 euros a la única empresa que había presentado oferta. El PP requiere información detallada sobre el proceso de selección dado que, en su opinión, determinados puntos del pliego de condiciones eluden los criterios legales habituales.

Los populares recuerdan que los contratos municipales se deben ceñir a lo establecido en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En ese sentido, el PP pregunta por qué el pliego omitía alguna documentación que la legislación exige expresamente. Así, el Ayuntamiento no incluía en sus condiciones la experiencia mínima exigida al equipo profesional. Los 'populares' preguntan al alcalde si es habitual que en las licitaciones del ayuntamiento de Huesca la solvencia económica se acredite solamente con la formalización de una póliza de indemnización por riesgos profesionales y no con el volumen anual de negocio de la empresa a contratar.

El pliego de condiciones sí añade otras condiciones que son puramente arbitrarias, como no exigir titulación universitaria a la persona responsable de la oficina y sí a sus subordinados, como es el caso en la empresa que se llevó la adjudicación. Por contra, el Pliego de Prescripciones Técnicas no establecía unas obligaciones mínimas que deba cumplir el adjudicatario para la supervisión y seguimiento del contrato.

La concejal 'popular' Marta Escartín añade, además, que "la concesión era innecesaria, como la realidad ha puesto de manifiesto". Escartín recuerda que durante el pasado mandato del PP, el servicio se prestaba mediante un convenio que el nuevo gobierno municipal se negó a prorrogar. El tripartito prometió que el pasado 1 de enero ya habría entrado en funcionamiento una oficina municipal de vivienda. "No fue así, por supuesto", añade Marta Escartín, "y el propio ayuntamiento asumió la gestión desde Servicios Sociales." La concejala 'popular' recuerda que " Fernando Justes, socio de gobierno y responsable de Vivienda, llegó a afirmar que los desahucios ya se habían detenido mediante los recursos municipales, por lo que no tiene sentido externalizar un servicio que ya estaba garantizado desde la gestión del propio ayuntamiento".

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