El encargado del coto de Bastarás insiste en que Alonso ordenó personalmente los trabajos que terminaron con el yacimiento de Chaves

Victorino Alonso

El encargado del coto de Bastarás señala a Victorino Alonso como el inductor de los trabajos que terminaron con el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves. Tras varias pregunta del fiscal y la acusaciones particulares, este extrabajador de la empresa Fimbas, propietaria del coto de Bastarás, aseguraba que Alonso ordenó cómo hacer los trabajos y dónde dejar el material que había que sacar de la cueva.

El testimonio de este trabajador no tenía desperdicio. Relataba cómo desde la empresa Fimbas, uno de sus abogados le señaló lo que tenía que decir en caso de que fuera a testificar. Incluso, se lo mandó por escrito en un fax que era mostrado durante la vista de este lunes. De hecho, el encargado, en su primera declaración, exculpaba de toda responsabilidad a Victorino Alonso, relato que varió al poco tiempo, una vez que dejó de ser trabajador de Fimbas.

Así mismo, un propietario de Santa Cilia de Panzano, que además ocupa un puesto de concejal en el Ayuntamiento de Casbas de Huesca, relataba cómo el empresario leonés firmó un acuerdo con él y otros propietarios de terrenos del pueblo para utilizar varias fincas como coto; hecho por el que se intenta acreditar la relación de Alonso con Fimbas, a pesar de que este la negaba en la vista oral.

Desde el principio, la estrategia utilizada por el empresario leonés en su declaración como acusado de ser el responsable de la destrucción de la cueva de Chaves, consistía en señalar a Vicente Baldellou, director del Museo de Huesca y de las excavaciones en el yacimiento, como la persona que pidió que se limpiara la cueva. Alonso afirmaba que el palista limpió más de lo debido.

En otras palabras, el empresario leonés señalaba que una orden no muy clara dada por una persona ya fallecida, Vicente Baldellou, ocasionó al destrozo de la cueva.

Sin embargo, en la fase de instrucción, el juez le preguntó a Baldellou si pidió la intervención de la que habla Alonso, negándolo el arqueólogo.

Algo menos explícito era el palista que realizó los trabajos físicamente, desdiciéndose en algunos puntos de su primera declaración en fase de instrucción. Un dato que no pasaba desapercibido al juez.

Victorino Alonso, además, respondiendo al interrogatorio del Ministerio Fiscal, llegaba a decir que si está acusado por un delito medioambiental y otro contra el patrimonio es por la presión que han venido ejerciendo los ecologistas. Alonso, durante la primera sesión de la vista oral del juicio en el Juzgado de lo Penal Número Uno de Huesca, insistía en que no tiene nada que ver con las empresas Fimbas y Ferpi, siendo ésta última a la que la acusación y la fiscalía señalan como responsable civil subsidiaria y, por tanto, como la garante de un pago de 51 millones de euros como resarcimiento por el daño causado.

La acusación particular, que ejercen Ecologistas en Acción y Apudepa, reclama hasta seis años de cárcel para el empresario leonés, petición que se rebaja hasta los dos años y ocho meses en el caso de la Fiscalía. Por su parte, el Gobierno de Aragón solicita el pago de una indemnización cercana a los 51 millones de euros, cifra en la que se tasó lo destruido.

El hecho que se juzga se da a conocer a comienzos del 2009. Tras la visita de Vicente Baldellou —director de las excavaciones arqueológicas que se venían desarrollando durante más de 30 años en el interior de la cueva—, se hizo público que había sido arrasado todo el nivel neolítico (y parte del paleolítico) por maquinaria pesada. La Cueva de Chaves era, junto a la Cova de l'Or de Alicante, el más importante yacimiento neolítico de la península Ibérica. Teniendo en cuenta que aún faltaba por estudiar más del 90% de su espacio, el daño causado es incalculable y supone un atentado contra el patrimonio histórico de primer orden, según denuncia Ecologistas en Acción.

El yacimiento se encontraba en una finca cinegética vallada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Desde el primer momento, asociaciones como Ecologistas en Acción apuntaban a Victorino Alonso, al que se le relaciona con la compra de dicha finca, como principal responsable de la destrucción. Durante el mismo periodo en el que se llevó a cabo la demolición de la cueva se habían registrado grandes obras sin autorización con maquinaria proveniente de la construcción del aeropuerto Huesca-Pirineos, en la que habían participado empresas del grupo de Victorino Alonso como integrante de la UTE constructora. Estas obras causaron daños importantes a los valores del espacio protegido de la Sierra y Cañones de Guara y fueron denunciadas sistemáticamente por Ecologistas en Acción, sin que las administraciones competentes llegaran a intervenir.