Los pueblos del Pirineo irán a los tribunales si no se retiran las denuncias de la CHE

Desde que la semana pasada muchos municipios del Pirineo recibiesen la notificación de las multas impuestas por el Ministerio de Agricultura a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, los alcaldes se han puesto manos a la obra para recurrirlas. Les exigen una cuantía económica por no depurar sus aguas. A Canfranc, por ejemplo, le ha llegado una multa cercana a os 3.200 euros. Su alcalde, Fernando Sánchez, teme que esa alegación se rechace y en ese caso, explica, ya han hablado con otros alcaldes que acudirán a los tribunales y no las pagarán “hasta que no se lo diga un juez”.

En esta misma situación están Villanúa, Castiello de Jaca o Aínsa, pero entienden que todos los pueblos que carecen de depuradoras en el Pirineo tienen el mismo problema. Sus responsables se han puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca para elaborar unas alegaciones tipo y recurrir las multas en conjunto. Si se vuelven a rechazar las alegaciones irán a los tribunales.

Hay muchas dudas sin aclarar. Los ayuntamientos entienden que la responsabilidad de construir las depuradoras ya no es suya. Las cuantías serían inasumibles para cada pequeño municipio. La competencia de cesión de aguas es municipal, pero Sánchez explica que ya cedieron esas competencias al Instituto Aragonés del Agua y que el propio Estado declaró las obras de construcción de depuradoras en los pueblos del Pirineo de “interés general”, por eso ahora no entienden por qué les denuncian y se convierten en “juez y parte” de esta situación.

Desde estos municipios muestran su indignación por una situación de “callejón sin salida” que puede abocar sus cuentas municipales al desastre. Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, aseguraba que los pueblos del Pirineo están “en manos de la CHE” y que pueden “aniquilarnos” cuando quieran. Por el momento ha sido una sanción leve, pero Sánchez explica que si quisieran esa sanción puede repetirse hasta la construcción de unas depuradoras a las que el propio consistorio no puede hacer frente.

En un principio el Estado pagó una cantidad para ese fin, una cuantía que debía gestionar el Instituto Aragonés del Agua, pero que finalmente no se ha ejecutado. Suponemos que ese dinero se ha destinado a otras obras, pero mientras tanto nosotros ya pagamos un canon de saneamiento superior por no depurarlas. Este mismo martes enviaban una carta dirigida al director general de Fondos Europeos del Ministerio. Quieren saber qué se ha hecho con el dinero que no se utilizó para construir sus depuradoras.

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