El PAR pide a la DGA incentivos fiscales para los sectores castigados por la economía sumergida

La diputada del Partido Aragonés (PAR), portavoz en la Comisión de Hacienda de las Cortes, Elena Allué, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento aragonés instando al Gobierno de Aragón PSOE-CHA a que “incentive a través de bonificaciones fiscales a aquellos sectores empresariales más acusados por el fraude de la economía sumergida”. Allué defiende que es “una de las medidas que podrían ayudar a las empresas aragonesas a ser más competitivas, a la vez que se lucha contra el fraude”.

La iniciativa ha sido consecuencia de la realidad que están viviendo “nuestras empresas, señala la diputada, con la falta de incentivos y el importante fraude de la economía sumergida”.

Elena Allué recuerda que el Gobierno de Aragón presentó, y posteriormente se aprobó, “un Proyecto de Ley de Medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en el que se contemplaba una de las subidas fiscales más elevadas de España y en el que aparecían nuevas figuras impositivas que dañaban seriamente el tejido productivo aragonés”. “Esta iniciativa quiere conseguir en alguna medida la recomposición de los sectores empresariales más castigados por ello, por la crisis y por el lastre que supone la economía sumergida”

Elena Allué indica que es obligación de todas las administraciones públicas “diseñar y facilitar ayudas que incentiven la regularización de la actividad que ahora escapa a su control”. Sin embargo, denuncia, el Gobierno de Aragón parece “empeñado en frenar la competitividad de las empresas ejerciendo una mayor presión fiscal sobre ellas en lugar de beneficiar su recuperación con ayudas e incentivos”. ”Su acción política está muy lejos de propiciar medidas que activen la economía y que hagan recuperar su pulso a través de iniciativas que favorezcan el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en Aragón”. “Esa es la realidad”, subraya Allué. Y recuerda que el Informe FUNCAS 2011 sobre la estimación del volumen de la economía sumergida en España entre 1980 y 2003 subrayó un “notable” crecimiento de la economía sumergida en este período debido “al crecimiento de la carga fiscal”, unido a “cierta tolerancia” hacia las actividades irregulares. En esta franja temporal “el PIB se multiplicó por 2 y la economía sumergida por 4, pasando de porcentajes inferiores al 2% a porcentajes cercanos al 24%”. Algo que podría explicarse como una “válvula de escape” en situaciones de recesión.

El PAR recuerda que Aragón lleva 8 años de intensa crisis económica que ha incidido “en la economía de las empresas y en la destrucción de empleo”. Ante esta realidad, valora Elena Allué, “el Gobierno de Aragón tiene la obligación de mejorar los indicadores económicos para que sigan reflejando una mejoría y una recuperación del pulso económico que tanto necesitan las empresas para volver a generar empleo y riqueza en el territorio aragonés”. “En el PAR no nos duelen prendas en echar una mano al Gobierno de Aragón para conseguirlo, aunque nosotros nos encontremos en la oposición”.

Según datos de la CEOE, hay un porcentaje muy alto de la actividad española, recuerda Elena Allué, que algunos analistas cifran en el 20% y otros incluso en el 25% que “se desarrolla en negro”, por lo que se hace necesario “facilitar incentivos para convencer a aquellos que lo practican de que debe regularizarse”. “En España es un 0,6% superior al de la media de la Unión Europea, pero muy superior al de países como el Reino Unido (9,7%), Francia (9,9%) o EEUU (6,6%)”.

Allué señala que el fraude laboral alcanzaría a “cuatro millones de empleos, lo que equivale al 9% de toda la población, más de un 13% de la población comprendida entre los 16 y los 65 años y un 18% de toda la población activa”.

La cohorte de empleos sumergidos que se han producido directamente por fraude laboral (aquel en el que empleador y el empleado no pagan Seguridad Social e impuestos) sería de “1,3 millones de empleos efectivos”, lo que supone alrededor de “80.000 millones de euros de impacto sobre el PIB”. Es decir, “serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte de la misma sin declarar”.

El empleo doméstico y la atención a personas dependientes se incluyen en los sectores más perjudicados por el fraude que se genera en la economía doméstica. En España hay “unas 400.000 personas que cotizan a la Seguridad Social como servicios domésticos, mientras que el INE estima en 700.000 las ocupadas en este sector”. Al establecer una bonificación en el Impuesto sobre la Renta para los empleadores que den de alta a su servicio doméstico podría ser un revulsivo para hacer aflorar mucha actividad sumergida.

Otro de los sectores afectados sería el de los servicios de reformas, ha concluido la diputada.

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