La DPH organiza una jornada sobre la gestión administrativa con el nuevo escenario electrónico

Con la entrada en vigor de la nueva ley de Procedimiento Administrativo y de otras disposiciones estatales en este sentido, la Diputación Provincial de Huesca ha desarrollado una sesión de trabajo para acercar al personal de los ayuntamientos altoaragoneses todo lo relacionado con la transformación en digital de los habituales procedimientos administrativos. Más de 150 personas, entre secretarios, interventores y personal administrativo, han participado en esta jornada

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Desde un punto de vista práctico, han dado a conocer los procesos de implementación y también de adaptación a la normativa actual del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la de Régimen Jurídico del Sector Público, que vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica será lo habitual en las múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y entre las diferentes administraciones. Este foro también ha servido para explicar cómo gestionara la DPH con los ayuntamientos el Plan de Concertación Económica para el fomento de empleo que ha aprobado recientemente y cuya tramitación ya será de principio a fin electrónica.

La Diputación Provincial de Huesca proporciona a los municipios de menos de mil habitantes un conjunto de soluciones tecnológicas sin coste alguno y el resto se beneficia de la formación, implantación de la plataforma y bonificaciones. Así es cómo se ha ido poniendo en funcionamiento en los ayuntamientos la administración electrónica, han cambiado la plataforma desde la que llevar a cabo el registro para poder tramitar electrónicamente. Trámites diarios como gestionar expedientes o firmar documentos de forma digital.

A partir del mes de noviembre se realizarán sesiones formativas en las que pueden inscribirse personal administrativo de los ayuntamientos para mejorar el uso de esta plataforma -Gestiona- y conocer las mejoras y novedades, especialmente las relacionadas con el cumplimiento de las leyes 39 y 40.

Marco Ibarz, presidente de la Comisión de Interior y Recursos Humanos de la Diputación, señalaba que “tras tantas reformas llevadas a cabo que afectan directamente a la administración local, creo que no solo es conveniente sino necesaria la puesta en común de estas cuestiones de forma práctica, es decir, abordar la incidencia de estas reformas en la gestión diaria y también analizar su aplicación”.

Ibarz ha dejado claro que uno de los pilares de la Diputación es la asesoría a todas las entidades locales de la provincia, de ahí el interés municipal de estos temas “que condicionan la acción de gobierno y el día a día de nuestros ayuntamientos”, ha señalado, mientras resaltaba que este proceso en el que la aplicación de las nuevas normas es muy compleja “no sería posible sin la apuesta administrativa de cada una de las personas que trabajan atendiendo a los ciudadanos”.

A lo largo de esta sesión organizada en el salón de actos de la DPH, han participado como ponentes el letrado de los servicios jurídicos, Jorge Pueyo, a quien le han precedido Julián Lucea, jefe de los servicios informáticos, y Adela Laliena, técnico de gestión de Administración General, para arrojar luz y seguridad jurídica ante la falta de información y formación sobre el marco legal que se deriva de estas normativas, esta vez centradas en el uso de herramientas tecnológicas de cara a cumplir las obligaciones impuestas por la legislación en materia de administración electrónica.

Tal como ha indicado el letrado Jorge Pueyo, se trata de que las entidades se introduzcan en la tramitación electrónica de procedimientos, que conozcan la utilidad del uso de las herramientas tecnológicas estatales para cumplir las obligaciones derivadas del cumplimiento de estas normas, cómo acceder a las, incluso que puedan plantearse para qué entidad local es útil o no. Ha incidido especialmente en la herramienta Orve, la Oficina de Registro Virtual y en la Plataforma de Intermediación de Datos, desde donde cualquier entidad local pueda pedir al Estado los documentos que a partir de ahora los ciudadanos no tienen que presentar si han sido elaborados por otras administraciones o ya haya presentado ha presentado en otros lugares públicos.

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