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Fiscalía y acusación particular mantienen penas de 8 y 10 de años para el menor acusado de atropellar mortalmente a un guardia civil y la defensa, su absolución

La vista contra el joven acusado de causar la muerte de un Guardia Civil en un control de tráfico en Barbastro concluía este martes con peticiones de internamiento de 8 y 10 años por parte de la fiscalía y de la acusación particular en nombre de la familia del agente, según publica EFE.

En la segunda y última jornada del juicio, el fiscal insistía, a la vista de la prueba practicada que el único responsable de los hechos era el menor que conducía el vehículo, en el que viajaban, además, la mujer del acusado y otros dos chicos. El representante fiscal calificaba los hechos como un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con otros de homicidio imprudente, atentado y lesiones.

El letrado de la acusación particular, Mariano Tafalla, tipificaba los hechos como un homicidio intencionado del que ha hecho responsables, en mayor o menor medida, a la mujer del acusado, que ocupaba el puesto de copiloto, y a los dos menores que viajaban en los asientos traseros. El letrado daba a conocer que “la defensa de la familia que viajaba en el vehículo que recibió el impacto del coche conducido por el menor se ha adherido a la petición de la acusación particular”.

A la salida de la vista, este abogado ha comentado que había modificado su escrito en relación a la mujer del acusado al considerar que no era una simple complicidad su participación sino una "cooperación" real en los hechos. Ha destacado que este cambio no suponía una modificación de las medidas de libertad vigilada de 3 a 5 años solicitadas para los tres menores que viajaban con el acusado, internado en una residencia próxima a Zaragoza desde que ocurrieron los hechos, el pasado mes de marzo.

La letrado de la defensa del joven acusado, Cristina Dolcet, insistía en su petición de absolución para su cliente al entender que la edad del menor y su propia limitación cognitiva no le hacía consciente del riesgo que estaba asumiendo al emprender la huida arrastrando al agente fallecido.

En declaraciones a los medios, Dolcet subrayaba a este respecto que el riesgo que una persona adulta puede valorar en una determinada acción, "no lo ve un niño de 14 o 16 años".

En relación a la duración de las penas de internamiento solicitadas, esta abogada indicaba que no había "correspondencia" con las impuestas a otros menores implicados en casos "mucho más graves".

En concreto, la letrado se refería al caso de la joven madrileña Sandra Palo y a las penas de 4 y 6 años de internamiento impuestas a los menores a los que se responsabilizó de su violación y asesinato.

"Entendemos que la gente diga que ha matado a una persona y que tiene que ser encerrado y tirarse la llave", ha subrayado la abogada, que sin embargo ha incidido en la necesidad de valorar las limitaciones de un menor en relación a la hora de valorar su responsabilidad en relación a hechos delictivos luctuosos.

Los hechos imputados al joven ocurrieron la noche del 4 de marzo de este año en un control de alcoholemia ubicado en una rotonda de acceso a la localidad de Barbastro.

Según la fiscalía, el joven, que tenía 17 años en ese momento, se negó a hacer caso a la orden de detener su vehículo y emprendió una huida en la que estuvo a punto de arrollar al compañero del agente atropellado.

Al parecer, el agente fallecido introdujo su brazo derecho por la ventanilla del coche para instar al menor a que se detuviera, pero éste aceleró el vehículo al máximo y arrastró al agente a lo largo de más de medio kilómetro antes de chocar contra una bionda y después contra un turismo en el que viajaban tres personas.

 
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