El Gobierno de Aragón iniciará en pocos días la redacción de un Proyecto de Ley de Memoria Democrática

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El Gobierno de Aragón iniciará en pocos días la redacción de un Proyecto de Ley de Memoria Democrática

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, firmará en los próximos días una orden para que se dé inicio a la redacción de un proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón, con el objetivo de que pueda ser presentada y, posteriormente, aprobada en las Cortes de Aragón a finales de 2017.

Para iniciar los trabajos se ha constituido ya una Comisión, presidida por el propio consejero Guillén, en la que, dado el carácter transversal que se pretende imprimir al proyecto, se van a coordinar en su seno miembros de la Presidencia del Gobierno de Aragón y de los Departamentos de Presidencia y Educación, Cultura y Deporte, además de otras personas conocedoras de este ámbito legal.

El propio consejero de Presidencia indicó que “parece inaplazable y razonable la redacción de una Ley autonómica que permita avanzar en la senda del conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en aras al reconocimiento y reparación de los aragoneses que fueron víctimas de violencia y represión en ese contexto trágico de nuestra Historia”.

Para Vicente Guillén, “el Gobierno considera que es un deber de la administración mirar de frente a este asunto y asumir la gestión de las políticas públicas de la memoria en toda la extensión que sea posible. El ciudadano tiene el “derecho de memoria”, y la administración tiene sin duda el “deber de memoria”. Es preciso, además, abordar este asunto desde la complejidad que ofrece el caso aragonés, atendiendo a la particularidad de la existencia de un frente de guerra estable, y las huellas e impactos diversos que ese hecho dejó en la gestión de la memoria pública y privada. Asumir esa complejidad requiere dejar atrás los estereotipos de la equidistancia moral, y superar el tratamiento asimétrico que se ha dado a las diferentes víctimas durante décadas. Queremos plantear el diseño de políticas públicas de memoria de amplio espectro, animados por la convicción de que a través de estas mismas políticas estamos favoreciendo el fortalecimiento de nuestra democracia”.

El Gobierno de Aragón quiere, en un principio, conocer las características de las leyes autonómicas en esta materia para una vez estudiadas iniciar la elaboración de un primer texto, que podría estar listo a principios de 2017.

Tras los consiguientes procesos de alegaciones y de participación pública, la intención es poder presentar un Proyecto de Ley a las Cortes de Aragón antes del verano de 2017, una vez que superase el trámite de su paso por el Consejo de Gobierno.

Se quiere sustentar la Ley sobre tres pilares o principios: Verdad, como la atención al “derecho a saber” y al abanico de medidas que el Gobierno puede implementar para facilitar el acceso a la información por parte de interesados e investigadores, algo que va desde el terreno de las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de la documentación que todavía puede aportar valiosa información.

El segundo gran principio es el de Justicia. Dentro del marco de las competencias autonómicas, la Ley pretende avanzar en la consideración de las víctimas de la Guerra y el Franquismo según lo hace el Derecho Internacional, esto es, como víctimas de delitos de lesa humanidad, algo que debería implicar el propósito de revisión de las sentencias franquistas.

Finalmente, el tercer pilar de la Ley será la Reparación. En este campo se insertarán elementos como la gestión de los espacios públicos (significación y re-significación), la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito al franquismo, las políticas educativas en materia de contenido curricular o las actividades culturales de difusión de episodios diversos de nuestro pasado traumático.

Se contempla además para hacer cumplir la Ley la elaboración de un régimen sancionador que penalice, por ejemplo, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos.

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