ADELPA pide a la DGA que escuche a los ayuntamientos para tramitar licencias de explotaciones ganaderas

La situación problemática que muchos Ayuntamientos de la provincia de Huesca tienen a la hora de tramitar autorizaciones y licencias de instalaciones ganaderas era uno de los asuntos que se abordaban la última reunión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA (Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés). La asociación acordaba por unanimidad pedir al Gobierno de Aragón que modifique la normativa relativa a la regularización de instalaciones ganaderas y las licencias y autorizaciones de nuevas explotaciones ganaderas, que permita actuar a los Ayuntamientos otorgantes de dichas licencias con plena seguridad jurídica.

El presidente de ADELPA, Pablo Castán, ha recordado que "la situación de la ganadería en el Pirineo aragonés es extrema y entre los años 2000 y 2010 han desaparecido más de 500 explotaciones ganaderas en el Pirineo, lo cual significa que al ritmo actual, en un periodo de 10-15 años está actividad pasará a formar parte de la historia del pasado en esta emblemática zona de montaña".

A esta realidad hay que añadir la que atraviesan otros municipios a la hora de regularizar instalaciones ganaderas existentes, o tramitar y aprobar proyectos de explotaciones de diferentes tipos de ganadería. Todo ello en un entorno rural y de montaña, donde la ganadería es la única posibilidad de asentar población y que en la actualidad padece más restricciones normativas que posibilidades reales de desarrollo.

Este tipo de reivindicaciones deriva de la falta de adaptación de la normativa sobre ganadería a la realidad que se vive en las zonas de montaña, a la escasez de espacio, a la orografía y a la estructura territorial. Así lo viene argumentando ADELPA, asociación que trabaja en la mejora de la situación de la ganadería en zonas de montaña y que ha recordado que el Gobierno de Aragón sigue sin modificar el Decreto de Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, tal y como hace ya casi un año solicitó esta asociación, y tal y como en noviembre de 2016 aprobaron todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón.

ADELPA recuerda que en la Asamblea celebrada en mayo de 2016 ya plasmaron esta demanda en el documento “Bases para la solicitud del apoyo de las Cortes de Aragón a la ganadería pirenaica, y la adopción de medidas por parte del Gobierno de Aragón”, que también se hizo llegar a los grupos políticos, y que derivó en la aprobación unánime de todos los grupos en las Cortes de Aragón en noviembre pasado, de una iniciativa en defensa de la ganadería y agricultura en zonas de montaña, atendiendo a las demandas de ADELPA.

Reivindican la creación de una línea específica de ayudas para zonas de montaña, la modificación del Programa de Desarrollo Rural de Aragón para dar cumplimiento a las Directrices del Pirineo, y la modificación del citado decreto sobre instalaciones ganaderas para flexibilizar las distancias previstas atendiendo a la realidad territorial, geográfica y orográfica.

Precisamente, la modificación de este decreto fue la propuesta que ADELPA trasladó al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en una reunión mantenida el 17 de mayo de 2016. "El Consejero informó de que ya había dado instrucciones al Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario para iniciar los trámites de modificación del citado Decreto, y que las propuestas de ADELPA iban a ser analizadas en cuanto a su viabilidad jurídica y tenidas en cuenta en la modificación del Decreto", informan desde ADELPA. Sin embargo, la Ejecutiva de esta asociación ha puesto de manifiesto que, ante la falta de respuesta en este sentido, se propone "seguir exigiendo al Gobierno de Aragón la inmediata modificación del Decreto 94/2009".

Por todo ello, ADELPA va a solicitar sendas reuniones con los Consejeros de Vertebración de Territorio, Movilidad y Vivienda y con el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para dar traslado de estos acuerdos, como Departamentos responsables de la aprobación del mencionado Decreto.

Igualmente ADELPA ha acordado por unanimidad apoyar expresamente a los Ayuntamientos y responsables municipales que se están viendo afectados por la situación de falta de seguridad jurídica existente en esta materia.