El PP pide al tripartito que valore que el propio Ayuntamiento asuma la limpieza viaria

El grupo municipal del PP insta a que el Ayuntamiento valore asumir directamente el servicio de limpieza viaria, "la única fórmula para respetar la legalidad y defender la continuidad de los empleados públicos". Los 'populares' se refieren así a la oferta del tripartito a los empleados públicos temporales, que habrían de optar en integrarse en Grhusa o perder su trabajo".

La oferta del tripartito, sin embargo, "esconde una ilegalidad evidente, puesto que Grhusa es una empresa pública a la que solo se puede acceder garantizando la igualdad, el mérito y la capacidad que deben regir los procesos de selección". Gerardo Oliván, portavoz municipal del PP, advierte que "el tripartito está diseñando una trampa, una puerta trasera para integrar a los empleados de FCC en una empresa pública sin respetar los criterios que exige la ley". Oliván recalca que "todo ciudadano tiene derecho a participar en el proceso de selección en términos de igualdad, y el gobierno municipal tiene la obligación de garantizar la transparencia en todo el proceso de selección".

La "engañosa oferta" planteada a los empleados temporales del Ayuntamiento roza, en opinión de los 'populares', el fraude de ley. "El tripartito es consciente de que su proyecto de remunicipalización es inviable como se plantea", advierte Oliván, "puesto que atenta contra los principios básicos de la contratación pública". De hecho, el portavoz del PP afirma que "la elección planteada a los empleados municipales es una forma de coacción, dado que tienen que optar entre el cese, esto es, el desempleo, o integrarse en Grhusa con pérdida de derechos. El tripartito tiene la oportunidad de apostar por el empleo público, y debe hacerlo en los términos que determina la legislación".

Para los 'populares', si gobierno municipal insiste en la remunicipalización debe valorar como primera opción asumir directamente la limpieza viaria "y, entretanto, ofrecer a sus trabajadores una información veraz y contrastada por los servicios jurídicos de la función pública".

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