El Comité Ejecutivo de CEOE Aragón analiza con Patricia Luquin, responsable de IU, aspectos de interés económico y empresarial

La Diputada del Grupo Parlamentario Mixto en las Cortes de Aragón y Responsable de Organización y Finanzas de Izquierda Unida en la Comunidad Autónoma, Patricia Luquin, participaba este jueves como invitada en el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón). La reunión se inscribía en los habituales contactos que mantienen con los representantes políticos aragoneses para transmitirles la situación, demandas y percepciones de los empresarios de la Comunidad Autónoma. El encuentro permitía un interesante diálogo partiendo en gran medida de modelos ideológicos opuestos, pero con margen para en consenso en algunos temas y el debate y la confrontación constructiva de posturas en otros. Compartida preocupación y necesidad de diálogo en asuntos como pensiones, presupuestos, intensificar la creación de empleo o el auge de los extremismos, y posiciones contrapuestas en fiscalidad y servicio 010 del Ayuntamiento de Zaragoza

Entre los consensos, se coincidía en la urgencia de contar con Presupuestos autonómicos para este ejercicio, después de más de cuatro meses de retraso en las negociaciones, así como en la necesidad de continuar avanzando en la reducción del desempleo, cuestión en la que todos los asistentes a la reunión destacaban el papel fundamental de las empresas, que sustentan más del 80% del empleo en Aragón. Abogar por un acuerdo amplio que permita asegurar el futuro de las pensiones y que sus fondos no se utilicen para otras políticas, reclamar la asunción de responsabilidades económicas y penales, además de políticas, en casos de corrupción o mala gestión, o la preocupación por el auge de los extremismos políticos también eran asuntos con alto nivel de consenso.

Opuestas son, sin embargo, las posiciones en cuanto a la fiscalidad, que CEOE considera excesiva para las empresas, y la prestación del servicio de atención telefónica municipal 010 por el Ayuntamiento de Zaragoza sin acuerdo del pleno y desoyendo informes sobre su ilegalidad, que CEOE enmarca en la política de hostigamiento a las contratas por parte del Consistorio.

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