El Ministerio culpa a la CHE del retraso de diez de años para la reversión de la central de Lafortunada

En la última década, los municipios de Tella Sin y Plan y diversos colectivos han reivindicado aclarar responsabilidades. La concesión del salto hidroeléctrico de la Lafortunada caducó en el año 2007. Todavía hoy, Endesa sigue explotando la central porque expiró el plazo para resolver el expediente para su reversión al Estado. Hace justamente un año hubo que reiniciarlo. El Ministerio de Medio Ambiente asegura (en respuesta a la coalición oscense Podemos-Alto Aragón en Común) que ordenó al organismo de cuenca que incoara dicho expediente en el año 2012 y no se hizo. Por eso responsabiliza a la CHE de “decenas de millones de euros de pérdidas para las arcas públicas a lo largo de esta década”.

Se trata de una de las centrales con mayor producción del Pirineo, de unos cuatro millones de euros anuales. El Ministerio, en su escrito, evita responder qué cargos tenían responsabilidad en el incumplimiento de los plazos de caducidad. La CHE es un organismo dependiente del propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que de este modo “trata de eludir su responsabilidad”, según el diputado oscense, Jorge Luis Bail.

El Ministerio no prevé, según su escrito, que la reversión se produzca antes de 2018; tiene previsto convocar un concurso público para el aprovechamiento del salto y hasta la resolución la CHE sería la encargada de gestionarlo. Tampoco se contempla que esa concesión de 12.000 litros por segundo del río Cinqueta, el salto autorizado de 326 metros, y la central que alimentan reviertan en el territorio.

El escrito aclara que la compañía que actualmente lo gestiona no paga ningún canon por la concesión. Diversas  concesiones de caudales para la producción hidroeléctrica, que fueron otorgadas hace 75 años en el Pirineo aragonés a distintas empresas,  expiran próximamente. Su recuperación para el Estado aportaría, consideran Alto Aragón en Común y Podemos, recursos a las arcas públicas, “que deberían permitir reinversiones en el territorio afectado”,  y posibilitaría “un mayor control por parte de la sociedad española de un recurso clave como es la energía”.

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