“Prevaricar sí es corrupción”

ILICH LUIS AJATES MECA

En nuestros días, asistimos a un sinfín de casos mediáticos en los que aquellos que representan al conjunto de la ciudadanía han utilizado el interés general a su parecer o en su beneficio. Los propios partidos que consienten la corrupción, siempre que no sea fuera de sus filas, saben de la magnitud del problema y explotan el sentir ciudadano creando entre sí todo tipo de pactos que surgen tan rápido como pronto incumplen cuando no beneficia a sus intereses políticos. Al más puro estilo mercantilista desechan aquello que no les produce beneficio, quedando en evidencia unos intereses que, paradójicamente, suelen ser contrarios al de los representados que los alzaron con su voto al sillón desde donde incumplen de forma reiterada los principios básicos de cualquier actuación administrativa. Dentro de esa estrategia oscurantista, más propia de épocas pasadas y que el correcto funcionamiento de la democracia debiera impedir y castigar severamente, encontramos a quienes defienden que solo hablamos de corrupción cuando el poder público en entredicho se ha enriquecido con su gestión de forma inapropiada, desterrando la prevaricación administrativa de dichos casos. Huelga decir que existen muchas formas de enriquecerse. La prevaricación administrativa consiste en dictar - o no (estando en obligación de ello) - una resolución administrativa en la que el funcionario firmante impone su voluntad respecto del imperio de la Ley, a los principios rectores de la Administración y de los derechos fundamentales de los perjudicados, imposición de carácter manifiesto (cualquiera puede darse cuenta) y arbitrario (no justifica el porqué de dicha actuación). Aunque el delito de prevaricación suele dar cobertura a la comisión de otros tipos punibles, el hecho de que sea una actuación aislada no desmerece el reproche penal que debe hacérsele al reo. Estas actuaciones dejan al descubierto el modelo que ha tomado desde hace unos años una administración que – gobernada por personas que, no en pocos casos, no reúnen la capacidad de gestión necesaria, aunque si el poder – se encuentra en creciente desconexión con las necesidades de las personas que deben soportar el sentido de sus decisiones. Y esto, señores míos, es corrupción. Es hacer pedazos el estado social y democrático de derecho en el que nos hallamos y que es interpretado y dirigido por personas cuyos intereses chocan frontalmente con el interés general, de forma contumaz y sistemática. Esperemos al menos que el tiempo ponga a cada cual en su lugar y, llegado el momento, se haga justicia.